La República. La inseguridad es uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía. Uno de los peores legados que nos deja el gobierno de Alan García es el exponencial crecimiento de la delincuencia y el narcotráfico.
Sin embargo, ha estado casi ausente del debate electoral. Todos los candidatos lo han tratado de manera superficial, compitiendo por ofrecer “mano dura”, recurso fácil, pero que no plantea soluciones reales al problema.
El doble de homicidios
El libro de Costa y Romero analiza las cifras y muestra algunos indicadores de crecimiento del delito. Una de las pocas cifras relativamente confiables es la tasa de homicidios. Por lo general, los homicidios se denuncian y registran, aunque hay zonas del país en las que eso no ocurre.
Notoriamente, los valles cocaleros, el Alto Huallaga y el VRAE, donde muchas muertes producto del enfrentamiento entre narcotraficantes, sicarios, senderistas y otros delincuentes ocurren con frecuencia sin que nadie lo consigne.
También en la zonas de minería ilegal, en Madre Dios, Puno y otros lugares que son tierra de nadie. Reyertas o robos terminan periódicamente con muertos y heridos, muchas veces sin que nadie los verifique.
Aun así, la tasa de homicidios es una de las pocas cifras confiables. Y se han duplicado en la segunda mitad de la década del 2000, pasando en promedio a 11 por 100,000 habitantes, un aumento de 120% (era de 5 por 100,000 habitantes en la primera mitad de la década).
Más violencia
Otra muestra del aumento de la violencia delictiva (esta vez en base a encuestas de victimización) es que los robos con arma han pasado de 3% en el 2006 a 19% en el 2010, seis veces más.
Las cifras policiales muestran una disminución de los delitos y faltas, pero son absolutamente engañosas, por la sencilla razón de que el incremento de la desconfianza en la Policía hace que mucha gente simplemente no denuncie los delitos.
Una encuesta del 2010 muestra que solamente el 8% considera “buena” la labor de la Policía y el 13% de los serenos.
Falta de liderazgo
Una de las razones del deterioro de la seguridad ciudadana que exponen Costa y Romero es la pérdida de liderazgo del Ministerio del Interior. Los autores explican que en la última década ha habido una alta rotación, tanto de ministros como de directores de la Policía, siete en cada gobierno en cada caso.
Tampoco existe una plana de profesionales calificada y estable que garantice la continuidad institucional y de políticas, como en el Ministerio de Economía o el Banco Central de Reserva: “Esto deja como resultado un ministerio muy débil, con serias limitaciones para que el gobierno democrático defina y conduzca la política de seguridad, y ejerza un efectivo control de la labor policial”. (p. 82).
Estas deficiencias se dan a pesar del espectacular aumento presupuestal que ha tenido el sector Interior en los últimos años. El 2001, cuando se restauró la democracia, el presupuesto era de 828 millones de dólares. En el 2010, más del doble, 1,783 millones de dólares.
Aunque el presupuesto de Interior ha disminuido como porcentaje del presupuesto total: de 8% el 2001 a 5% el 2010.
Qué hacer
Entre las propuestas específicas de Costa y Romero para transformar el deterioro de la seguridad están:
•“Es urgente revertir el casi absoluto abandono de la investigación criminal, especialmente frente a los delitos patrimoniales que ocurren en la vía pública –como los robos al paso–, que son los más numerosos. La capacidad de investigación de las comisarías es casi nula. Peor aun es su capacidad de recibir denuncias del público, que como no tiene confianza en la eficacia policial, solo se toma la molestia de denunciar aproximadamente una tercera parte de los delitos cometidos”. (p. 169).
•“Acabar con el actual régimen laboral y recuperar el carácter exclusivamente público del servicio policial en un plazo no mayor de tres años; revisar, en el plazo de un año, el actual despliegue, que favorece a las zonas más prósperas en detrimento de las más pobres, y establecer una nueva fórmula para determinar el número de efectivos asignados a cada distrito en función de la población, el territorio, la incidencia delictiva y las condiciones socioeconómicas; y por último, remitir al Congreso, en el primer año de la administración, un proyecto de ley de carrera que promueva el mérito, la iniciativa y la especialización profesional”. (p. 171).
En suma, el trabajo de Costa y Romero examina los problemas de la seguridad y plantea soluciones concretas. Ojalá que el próximo gobierno las asuma.