Los representantes del Sindicato de Trabajadores del Gobierno Regional de Áncash denunciaron irregularidades en la ejecución del convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Ancash (GRA) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OIE).
Víctor Valdivia Castillo, presidente del Comité de Lucha del Sindicato de Trabajadores, explicó que en el caso del convenio con la OIE se configuran los delitos de malversación, colusión desleal y defraudación al Estado, ya que dicha entidad está relacionada a temas educativos y no a las actividades por las cuales suscribió el convenio: realizar procesos de selección y contratación de consultores especializados para brindar asesoría o adquirir bienes y servicios.
Según la documentación que sustenta la denuncia, el GRA, incumpliendo las disposiciones vigentes, suscribió el convenio y transfirió una contraparte proveniente de los recursos del canon, hecho que fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción de Áncash.
Conflicto de intereses con notaría de congresista Otárola
El Sindicato también denunció el conflicto de intereses que configuraría los servicios de la notaría de propiedad del congresista Freddy Otárola al GRA, pues la notaría se encuentre en manos de su cuñada, Vilma Salvador Huamán, quien emite las facturas precisando en la parte superior el siguiente texto: «Notaría Salvador, de: Vilma Salvador Huamán-encargada de la notaría Otárola».
Teófilo Cacha Macedo, secretario general del Sindicato, afirmó que la mencionada notaría es la única encargada de legalizar los procesos seguidos por el GRA en relación a la ejecución del convenio con la OIE y se le paga con recursos del canon.
Asimismo, detalló las irregularidades cometidas en la contratación de funcionarios del GRA, quienes cuentan con títulos falsos, y la presencia de personas de dudosa reputación moral en el entorno del presidente regional César Álvarez, como el actual Gerente General, Richard Cabana Chauca, que fue procesado por el delito de violación sexual.
Por su parte, Carlos Guisbert Velásquez, integrante del Comité de Lucha, planteó la formación de un sub grupo de investigación a nivel de la Comisión de Fiscalización del Congreso para analizar la documentación presentada y denunció las presiones y amenazas de las cuales son víctimas los integrantes del Sindicato de Trabajadores.