El Comercio. Es muy grave la denuncia –revelada por un cable de Wikileaks y corroborada por un ex jefe de la entidad– que señala que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), además de perder eficiencia, relevancia y autonomía, es objeto de indebidas filtraciones e injerencias del poder político.
A la espera de un pronunciamiento de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), de la que hoy depende orgánicamente la UIF, debemos adelantar las serias implicancias de la denuncia.
Y no solo por tratarse de una entidad fundamental –junto con la Dirandro y la Procuraduría Antidrogas– en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos, que podría verse peligrosamente debilitada, sino también por la mala señal que se da a la ciudadanía: en lugar de avanzar en la reforma del Estado, se estaría yendo marcha atrás, instrumentando y politizando una entidad que debía ser modelo de manejo técnico y autónomo.
Lo cierto es que, en los primeros años, tras su creación en el 2002, la UIF se caracterizó por su eficiencia y logros cuantitativos y cualitativos. Sin embargo, en los últimos tiempos, sobre todo desde su adscripción a la SBS, entró en un círculo de modesta actuación o inmovilismo, lo que no dejó de llamar la atención.
La explicación la traerían los cables de Wikileaks. De acuerdo con la información reseñada, los anteriores directores de la UIF Silvia Wuan Almandós (de junio del 2007 a febrero del 2009) y Ramón Saldívar Bocángel (de febrero a diciembre del 2009) fueron retirados de sus puestos “por trabajar muy rápido” o “por acercarse demasiado a grandes casos” en la gestión de su jefe, el superintendente de Banca y Seguros Felipe Tam Fox, nombrado en el 2007, a quien se vincula con el partido oficialista.
¿De qué grandes casos se trata? ¿Dónde quedaría la publicitada campaña gubernamental contra los grandes cárteles de la droga y el lavado de activos, que según Devida mueven más de US$3.000 millones al año y propician una larga cadena delictiva que corrompe la vida del país? ¿Se entenderían mejor ahora las marchas y contramarchas en esta lucha? ¿Existe una real voluntad de erradicar a todas estas mafias, sin exclusión de ninguna?
¿Y qué garantías tienen las empresas y ciudadanos de que la información económica y financiera recabada por la UIF es utilizada de modo objetivo para la lucha contra el crimen y no para apoyar, amedrentar o presionar políticamente a los amigos o enemigos del régimen de turno?
El asunto es realmente trascendental, por todo lo que involucra. Es momento de que las más altas autoridades del Gobierno informen al país sobre la situación de la UIF, aclaren la denuncia y deslinden responsabilidades.
A su turno, corresponde al Congreso poner nuevamente a debate los proyectos para dotar a esta entidad de autonomía, al modo de un organismo regulador, así como de instrumentos efectivos que le permitan no solo eliminar cualquier atisbo de injerencia o manipulación política o de grupos de interés, sino mejorar sus niveles de coordinación con el Ministerio Público, la Sunat y todo el sistema bancario.
Finalmente, se espera que los candidatos se pronuncien sobre la urgencia extrema de dar a la UIF el perfil técnico y especializado que demanda la ardua y riesgosa lucha contra el narcotráfico.
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