En 20 días, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) responderá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda planteada en 2001 por el movimiento Manuela Ramos contra el Estado peruano por violación de las normas sobre cuotas electorales de las mujeres.
Como se recuerda, el JNE aplicó erróneamente la cuota mínima electoral de mujeres en el proceso de elecciones generales de ese año, situación que se repitió en los siguientes procesos, lo que acarreó como consecuencia la pérdida de oportunidades políticas para cientos de mujeres.
Además, como consecuencia de los problemas generados por el JNE, hoy existen más de 100 autoridades ilegítimamente elegidas de entre listas que no habían cumplido con el requisito del 30% de cuotas de mujeres.
Así, ante la inacción del Estado durante siete años, la CIDH dio un plazo hasta el 22 de octubre para que se pronuncie sobre la propuesta de “solución amistosa” planteada por la institución Manuela Ramos, la que incluye el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado por la afectación de los derechos políticos de las mujeres.
Igualmente, se pide la conformación de una comisión o grupo impulsor que defina una propuesta integral para la correcta aplicación de las cuotas de género y la constitución de un fondo de capacitación para mujeres políticas.
Para concretar una solución, hoy en la mañana Manuela Ramos sostuvo una reunión de trabajo con la CIDH. A la cita, realizada en la sede de la Comisión, asistieron el presidente del JNE, Enrique Mendoza, funcionarios de esta institución, el representante de la Cancillería Augusto Bazán así como la presidenta de Manuela Ramos, Lisbeth Guillén.
Lamentablemente en la reunión, la representación del Estado no se pronunció sobre el contenido de la propuesta de «solución amistosa» por lo que fue requerido por el presidente de la CIDH e instó a la representación nacional a responder formalmente a más tardar en un nuevo plazo de 20 días.
De no llegarse a un acuerdo de solución amistosa, la CIDH tendrá que pronunciarse sobre el fondo del caso, es decir, sobre la responsabilidad del Estado en la violación de los derechos políticos de las mujeres, así como determinadas medidas de reparación y de garantías de no repetición.
Eventualmente, de persistir en la negativa a afrontar el problema de las cuotas, el caso podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.