La República. Debería sorprenderle a nuestra débil democracia el considerable número de candidatos al Parlamento acusados y/o investigados por narcotráfico. También la habilidad con la que personajes de ese mundo oscuro se acercan y financian campañas electorales y la facilidad con la que los políticos cortejados por el poder mafioso subestiman y resuelven con éxito sus equívocos.
Hace 10 meses, cuando 19 partidos suscribieron un Compromiso Ético se creía que el propósito básico era evitar la infiltración del narcotráfico en la política.
A la vista de los hallazgos las conclusiones son obvias: 1) El narcotráfico se ha infiltrado en la política en un continuo que se inicia con la desestructuración de los partidos y la irrupción del fenómeno del político independiente; 2) El financiamiento de las campañas electorales fue hasta hace poco el método privilegiado para su penetración; 3) En una siguiente etapa, patente desde el Caso Valdez, su estrategia siguió el modelo colombiano, es decir, acceder a cargos de elección popular local y luego regional; y 4) Las recientes revelaciones indican que están subiendo un peldaño, al Parlamento y, por qué no, a espacios clave en el gobierno.
Desde los años noventa el narcopoder tiene a uniformados, jueces y fiscales. Esa primera línea de infiltración es propiamente al Estado y en ella los políticos también son objeto de interés como detentadores del poder y potenciales aliados para gestiones empresariales, evasión de controles e impunidad.
La segunda línea de penetración al Estado, su vocación para el ejercicio del poder por sí mismos, es la más interesante de develar.
¿Qué quiere el narcopoder en el Perú? Salvo que apareciese un grupo de civiles que sustentado en un poder mafioso pugnen por un narcoestado, estamos ante la arremetida de bandas cuyos prohombres desean lavarse la cara y el dinero sucio desde la política.
No por ello deja de ser peligroso el acoso a la política porque la debilita como mediación ética y porque se vale de los mismos procedimientos que otros sectores, como el lobby ilegal, usan para envilecer la representación.
Imposible consolidar la democracia con ese flanco abierto. Desde ese imperativo, es penoso saber de la pobreza franciscana de la Procuraduría Antidrogas del Ministerio del Interior o que la Unidad de Inteligencia Financiera (IUIF) no pueda acceder al secreto bancario.
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