El analista en temas de narcotráfico Rubén Vargas, consideró hoy inviable, la petición de los cocaleros de paralizar las labores de erradicación de cultivos de coca.
«Las acciones de erradicación programadas en el límite de las regiones Huánuco y San Martín deben continuar y no puede ser de otra manera porque existe un marco legal internacional que nos obliga a realizar acciones de control de cultivos ilegales de hoja de coca», precisó.
En dialogo con INFOREGIÓN Vargas estimó que mientras exista excedente de coca que alimenta el mercado ilegal de la cocaína, seguramente también va a continuar el control y erradicación de este cultivo.
Fue al comentar la reunión reservada que ayer tarde sostuvo el premier Yehude Simon con la parlamentaria andina Elsa Malpartida, el alcalde de Aucayacu, Wilder Miranda, congresistas de la región Huánuco y un grupo de dirigentes productores de coca para hablar sobre la erradicación de hoja de coca ilegal en esa zona, una medida que responde a una política de Estado de lucha contra el narcotráfico pero a la que se oponen los cocaleros.
«Sobre la pretensión de paralizar las acciones de erradicación de coca ilegal, dudo mucho que cualquier acuerdo que se llegue en la Presidencia del Consejo de Ministros, PCM, pase por paralizar o suspender las acciones de erradicación de la coca porque de esa forma el Estado estaría claudicando y renunciando a su obligación de luchar contra las drogas y de controlar los cultivos que le sirven de insumos», aseguró el analista en INFOREGIÓN.
Acta de Tocache, antecedente nefasto
Vargas cuestionó la posición de las autoridades de Huánuco y de los dirigentes cocaleros de buscar a alguna autoridad que esté estrenándose en su cargo para tratar de que asuma la posición de suspender la erradicación de la hoja de coca.
Recordó que similar situación ocurrió con el primer ministro de Agricultura del régimen aprista, Juan Salazar, quien, ante la insistencia de los cocaleros de paralizar las tareas de erradicación, firmó el Acta de Tocache, donde el Estado se comprometía a paralizar las erradicaciones hasta realizar un empadronamiento general de los productores de hoja de coca.
«Ese acuerdo es contrario al espíritu del marco legal que regula el tema de la hoja de coca y por eso finalmente no fue aplicable ni tuvo la validez que exigen aún los dirigentes cocaleros. Lo único claro es que mientras exista el marco legal actual, obviamente las acciones de erradicación van a continuar», precisó el experto.
Promoción de programas alternativos
Por otro lado, el analista mostró su confianza en que Simon asuma un papel concertador y coordinador desde la PCM y llamó a la calma a las autoridades regionales y nacionales respecto de la situación que se vive en el Alto Huallaga.
“Estas escaramuzas entre la policía, el Proyecto CORAH y los cocaleros se ven todos los años y son parte de la mecánica de una actividad tan complicada que consiste en erradicar un cultivo que sirve de sustento para muchas familias campesinas del Huallaga».
Tras reiterar la obligación del Estado de controlar esos cultivos porque son insumos para el narcotráfico Vargas pidió un mayor impulso a los programas alternativos desde el Estado para lograr el desarrollo de la zona y la disminución de la influencia del narcotráfico.