Los Decretos de Urgencia 001-2011 y 002-2011, que flexibilizan las exigencias del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a los proyectos de inversión, continúan generando el rechazo de la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo y los gobiernos regionales. Exigen su derogación inmediata porque no aporta al desarrollo del país ni a la sostenibilidad.
Sandro Chávez, coordinador nacional del Foro Ecológico del Perú, sostiene que el Gobierno insiste en la estrategia del “hecho consumado”. “Flexibilizo el EIA como requisito previo y doy luz verde para iniciar el proyecto. Cuando la inversión haya avanzado no importará que el EIA sea inviable”, afirma.
Precisa que los EIA no solo analizan el impacto del futuro proyecto en el ambiente, sino también incluye la opinión de los pobladores de la zona de influencia. Así, al autorizar el planeamiento y la búsqueda de financiamiento de un proyecto se excluirá la participación de la comunidad, lo cual podría generar un conflicto social.
El experto recordó que hace tres meses se frustró el intento del proyecto de ley para tratar de eliminar el EIA como requisito para las concesiones hidroeléctricas. Hoy, a través de los decretos de urgencia, de nuevo se busca eludir el rechazo de los pobladores por los proyectos que se ejecutan en Madre de Dios, Puno y Junín.
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