El Comercio. La discusión de una nueva ley forestal se está dando con la participación y consulta de diversos actores, incluso con quienes dicen que no se consulta. El consenso es y será difícil sobre temas críticos; nunca fue fácil; los peruanos no lo hemos tenido aun en momentos cruciales de la República. En tanto, la tala y el comercio ilegal florecen.
Hay polarización entre grupos con poder tradicional, económicos, empresariales-extractivistas, y locales, sociales, políticos, mediáticos, naturalistas, ambientalistas, indigenistas buscando ser contrapoder en diversos campos; algunos ligados al aparato estatal; entre unos y otros persiste la creciente ilegalidad e informalidad.
La pluralidad de poderes fácticos ha aumentado desde los años sesenta, cuando el gobierno militar pone en escena dos grandes componentes humanos: las comunidades indígenas, rebautizándolas como campesinas, y los pueblos aborígenes amazónicos. Juntos eran casi una mayoría.
Ahora su número declina por factores como el mestizaje y la migración; esto explicaría en parte la radicalidad de muchas respuestas a situaciones de pobreza extrema, con excepciones que no olvidamos y que van en aumento.
Quieren protegerse y adaptarse al mundo actual; curiosamente, la denominación de los dirigentes indígenas se ha mantenido, salvo en la Amazonía donde se innovó llamándoles ‘apus’, vocablo quechua que sustituyó al histórico de curaca o cacique. ¿José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, se habría hecho llamar ‘dios’ de Tungasuca y Surimana? Cambios como ese no son evaluados.
En el Congreso, distintos dirigentes seguirán presionando. La diferenciación de actores, intereses, valoraciones y perspectivas conducen al viejo tema del interés público relacionado al interés social y al interés nacional, polisémico por antonomasia.
En cada época, una hegemonía se impone. El interés nacional en 1821 era la independencia de España. Entre los veinte y los treinta, sigo a Mercado Jarrín, también interpretado por la dirigencia del Estado, sus estamentos económicos, políticos, militares, diplomáticos y eclesiásticos, era recuperar Tacna.
Ningún interés particular o colectivo puede ir contra la Constitución y evidencias científicas, como el imperativo de conservar componentes claves de ecosistemas; ni cambiar el uso del suelo y de los bosques por voluntad legislativa o ejecutiva opuesta a evidencias científicas, al consenso interno y acuerdos internacionales.
La Constitución dispone preservar el territorio y ponerlo al servicio del Perú, Estado-nación pluriétnico y culturalmente diverso, mediante presupuesto e inversión sostenible. Esas, no otras, son premisas para preservar el interés público-nacional forestal.
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