Los presidentes regionales de Ayacucho, Lambayeque, Lima, Tumbes y Amazonas firmaron una declaración sobre transparencia y acceso a la información pública, luego de la clausura de la Conferencia Nacional sobre Transparencia y Acceso a la Información organizada por la Defensoría del Pueblo y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS).
Con esta declaración, las autoridades regionales se comprometen a publicar en forma completa y actualizada, en sus respectivos portales institucionales, las remuneraciones, bonificaciones, incentivos, gastos operativos y demás beneficios de todos los funcionarios, servidores y asesores de los Gobiernos Regionales.
Entre los considerandos de la Declaración, los presidentes regionales indican que están obligados a observar el principio de transparencia y las exigencias derivadas del derecho fundamental de acceso a la información pública y se comprometen a establecer la transparencia como principio rector que compromete a todos los funcionarios, servidores y asesores de los gobiernos regionales.
Además, se comprometieron a prever en el presupuesto los recursos necesarios para implementar mejoras en la calidad de la gestión de la información pública de los gobiernos regionales, que permitan su oportuna identificación y entrega a las personas que lo solicitan. Igualmente, gestionar recursos adicionales para dichos fines.
La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, destacó al clausurar el evento que una mayor transparencia y acceso a la información son las condiciones para la confianza de la sociedad en sus instituciones y, por ende, para la gobernabilidad democrática de nuestros países. Incluso, dijo que las instituciones y funcionarios comprometidos con la transparencia gozan de mayores niveles de aceptación social.
El inciso 5) del artículo 2º de la Constitución Política reconoce el derecho a acceder a la información pública, además, la Ley Nº 27927, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en febrero del 2003, recogió el aporte de diversos sectores y corrigió algunas disposiciones que restringían el contenido constitucional del derecho de acceder a la información en poder del Estado.