El ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, sostuvo que las denuncias por supuestos excesos de las Fuerzas Armadas en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene-VRAE podrían obedecer a una «campaña de desprestigio» que busca impedir el ingreso de tropas militares en la peligrosa zona de Vizcatán, donde hay remanentes terroristas que operan aliados con el narcotráfico.
Flores-Aráoz descartó que las fuerzas militares se encuentren vinculadas en la presunta desaparición de once pobladores de la comunidad de Pichis, ubicada en la provincia de Huanta, producto de una incursión militar aérea y terrestre con balas y explosivos en la zona.
Como lo informó INFOREGIÓN, la pobladora Lucy Pichardo Fernández denunció que en el marco de un operativo militar en Pichis desaparecieron sus familiares Félix Canchaya, Maximiliano Pichardo, Rosa Chávez, Jesús Pichardo Fernández y Moisés Pichardo Chávez.
Su caso fue apoyado por el teniente gobernador de Pampa Aurora, Edwin Pulluco y el consejero regional de Huanta Zacarías Morales, quienes la ayudaron a presentar la denuncia correspondiente ante la Segunda Supra Fiscalía de Derechos Humanos del Distrito Judicial de Ayacucho, a cargo del magistrado Andrés Avelino Cáceres y un Habeas Corpus presentando ante la Corte Superior de Justicia de Ayacucho.
Maniobra psicosocial
En respuesta, el titular de Defensa sostuvo que «las Fuerzas Armadas están respetando los derechos humanos y defienden a 28 millones de peruanos porque ese es un mandato constitucional y legal».
Luego ahondó sobre la posibilidad de que esas acusaciones sean parte de una maniobra psicosocial para evitar la presencia de las Fuerzas Armadas en el VRAE, lo que beneficiará directamente al terrorismo y a las mafias del tráfico de drogas.
«Esa es la impresión que tengo, porque esa zona era un refugio terrorista. No sería extraño que eso forme parte de una maniobra para desprestigiar a las Fuerzas Armadas», anotó el ministro.
Flores-Aráoz sostuvo que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas le informó oficialmente que ninguna de esas cinco personas fue intervenida por elementos militares.
Añadió que las Fuerzas Armadas descartaron igualmente, que hayan ejecutado un bombardeo en ese sector declarado en estado de emergencia y recordó que cualquier poblador detenido bajo la acusación de terrorismo o narcotráfico es inmediatamente enviado a la Policía Nacional.
Detenidos
En ese sentido, sostuvo que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas confirmó que el 14 de agosto fue detenida Meri Norma Arco Palomino y que el 31 de agosto ocurrió lo mismo con Robinson Castro Navarro y Sergio Pacheco Salván.
Informó asimismo que el 9 de septiembre en Mazangaro fueron detenidos Nicolás Muñoz Lizárraga, Rosa Natalia Porras Guillén, Juan Arcadio Vargas Soto, Teodoro Guerra Porras.
Asimismo, sostuvo que el 15 de septiembre, un día después de un intercambio de fuego, fueron intervenidos Lademiro Espinoza Príncipe, Elizabeth Cáceres Guillén, Adolfo de la Puente Chávez, Jessica Dante Tapayuri, Joel Bohórquez de la Cruz, Jacinto Yacuachaqui Cáceres, Elder Estela Niche, Rubén Guerra Alvarez, Jimmy Palomino Quispe, Custodio Aguilar y Luis Estela Quispe.