Por medio de una carta enviada a las parroquias a su cargo, el obispo de la Diócesis de Parral, monseñor José Andrés Corral, prohibió a los sacerdotes de su jurisdicción oficiar misas de cuerpo presente cuando exista la certeza de que el difunto perteneció a una banda del crimen organizado del narcotráfico.
“Ante las circunstancias de violencia y muerte que estamos viviendo en nuestras comunidades, pido especialmente a los párrocos y a los que celebren funerales, cumplir con lo que establece la ley de la Iglesia y negar las exequias a todos aquellos que notoria y abiertamente son parte del crimen”, dice la misiva leída al final de la misa del último domingo en todas las parroquias y santuarios.
La Diócesis de Parral comprende gran parte de la región serrana del estado, incluye municipios identificados como zonas de cultivo y distribución de enervantes, como Guadalupe y Calvo, enclavado en el corazón del Triángulo Dorado de la droga por ser el punto de convergencia de Chihuahua, Sinaloa y Durango, caracterizada por el trasiego de marihuana y amapola, y escondite habitual de importantes capos de la droga como Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, jefe del Cártel de Sinaloa.
En esa zona son frecuentes las ejecuciones, y usualmente las familias de los victimados recurren a la Iglesia católica para que se ofrezca una misa por el difunto. Para el sacerdote Miguel Ángel Sáenz Vargas, quien tiene a su cargo el templo de Guadalupe y Calvo, la medida dictada por el obispo es un paliativo para los fieles que sí cumplen con los ordenamientos del Evangelio.
Cuestionado sobre si los sicarios y narcotraficantes perdían “el derecho” al rito póstumo, el sacerdote aclaró que no era propiamente que ya no lo tuvieran, pero “la Iglesia le pide a Dios por los que se esforzaron por la vida cristiana, no por los que la rechazaron”.
Respecto a hipotéticas represalias de familiares de asesinados ante tal decisión, dijo que cada sacerdote evaluará la situación y de ser necesario se atendería al sacramento para evitar riesgos para su integridad.