La Contraloría General de la República se encuentra investigando a funcionarios del Instituto Nacional de Recursos Naturales, INRENA, por la devolución en marzo pasado de madera extraída ilegalmente por once concesionarios forestales en Yavarí, Iquitos.
La zona se encuentra prohibida para la extracción de cedro y caoba y pese a que se demostró en su momento que los concesionarios la extrajeron ilegalmente entre 2006 y 2007, los funcionarios procedieron a devolver la madera inmovilizada.
Asimismo, fuentes vinculadas a la Contraloría a las que tuvo acceso INFOREGION, informaron que esta institución investiga desde el mes pasado la derogatoria de la resolución Nº 020-2008 emitida por el ex intendente Forestal y de Fauna Silvestre, Edgardo Lizárraga, por la resolución jefatural 076 en la que se da una interpretación totalmente diferente de la Ley 27308 que declaraba en veda por diez años la extracción de caoba y cedro en las cuencas de los ríos Putumayo, Yavarí, Tamaya y Purús.
De esta forma, la Contraloría ha comenzado a recabar la documentación necesaria y a entrevistar a los funcionarios actuales y anteriores del INRENA involucrados en estos sucesos para confirmar si se cometieron o no irregularidades en la devolución de la madera ilegal incautada en noviembre de 2007, el otorgamiento de las concesiones forestales, así como por no haber denunciado a los concesionarios.
Despidieron a funcionarios que denunciaron irregularidades
Como se recuerda, los inspectores del INRENA de Iquitos denunciaron entonces que los concesionarios forestales incurrieron en delitos graves ya que durante la inspección ocular a sus concesiones no se encontraron especies censadas evidenciando que la información presentada por el titular de la concesión forestal de contrato era falsa.
Igualmente, corroboraron que la madera extraída por los 11 concesionarios supervisados era ilegal, razón por la cual la madera fue inmovilizada en noviembre del año pasado.
Sin embargo, la jefatura nacional del INRENA despidió a Eduardo Lizárraga, quien dispuso la inmovilización de dicha madera.
Igual suerte corrió Nélida Barbagelata Ramírez, Administradora Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Iquitos, quien aplicó sanciones administrativas contra los concesionarios de la cuenca del Yavarí.
Dudosa actuación de jefe de INRENA
Coincidentemente, en marzo de este año, el nuevo jefe de INRENA, José Luis Camino Ivannisevich, emitió la resolución jefatural Nº 076-2008, que dejaba sin efecto la resolución que había dispuesto inmovilizar la madera en la cuenca del Yavarí porque señaló que la veda dispuesta en la Ley 27308 no alcanza a concesiones donde existen planes de manejo.
Sin embargo, no se tomó en cuenta las inspecciones que confirmaban que la madera tenía procedencia ilegal ya que no fueron extraídas de las concesiones en la cuenca de Yavarí.
Agravando el problema, el entonces Director Nacional de Administración y Control Forestal de INRENA, Antonio Pesantes Rebaza, fue nombrado Administrador Técnico Forestal de Iquitos e inmediatamente emitió la resolución administrativa 024 que ordenaba la devolución de la madera ilegal a los 11 concesionarios forestales.
Es decir, cumplió las directivas de los funcionarios del INRENA en Lima.
Consultado sobre estas graves irregularidades, el intendente Forestal y de Fauna Silvestre, Rafael Ramírez, dijo mediante la oficina de prensa del INRENA que declarará sobre este espinoso tema recién el día miércoles, pues actualmente se encuentra con un trabajo muy fuerte.
Igualmente, al consultar sobre este tema en la Contraloría General, dijeron que por el momento no pueden dar información porque están en pleno trabajo de campo.