Hasta el momento unas 15.276 personas y 3.610 comunidades en las categorías víctimas y beneficiarios individuales y colectivos, afectados por el proceso de violencia entre mayo de 1980 y noviembre del 2000, se encuentran inscritas en el Registro Único de Víctimas, RUV y con derecho a recibir una reparación del Estado.
Así consta en el informe anual del Consejo de Reparaciones que entregó al presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon Munaro, la presidenta del Consejo de Reparaciones, CR, Sofía Macher Batanero.
El informe, que contiene los avances del Registro Único de Víctimas, RUV, correspondiente al periodo 2007-2008, fue entregado en presencia de los consejeros Pilar Coll Torrente, Juan Fernández Dávila Vélez, general EP (r); y del secretario técnico, Martín Carbajal Zegarra.
El documento detalla que del total de inscritos en el RUV, 14.564 personas figuran bajo las afectaciones de fallecimiento y desaparición forzada (de estos 8.511 son víctimas fatales y 6.053 son familiares inscritos como beneficiarios individuales) y provienen principalmente de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín y Apurímac.
Se precisa asimismo que el 68% de las comunidades y centros poblados inscritos también se encuentran ubicados en estos departamentos que presentan un coeficiente de alta afectación según el mapa de violencia elaborado por el CR.
A la fecha, el Consejo de Reparaciones ha instalado ya 53 módulos de atención descentralizados del RUV ubicados en: Lima, Ayacucho, Junín, Puno, Cusco, San Martín, Pasco, Piura, Huánuco, Ucayali y Apurímac; 49 de los cuales cuentan con el apoyo de los gobiernos regionales, locales, iglesias y organismos de la sociedad civil.
Asimismo, en este año, se logró implementar dos experiencias piloto de registro rural en las provincias de Satipo y Huanta, las más afectadas del Perú, con el objetivo de recoger información de víctimas que no figuran en registros anteriores del Estado, actividad que contó con el apoyo decidido de las municipalidades provinciales y distritales de la zona, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, y el Centro de Investigación Social de Ayacucho, CEISA.
Al presentar el informe anual, los miembros del Consejo de Reparaciones reafirmaron ante el primer ministro su compromiso personal y profesional con las víctimas de la violencia y le expresaron la necesidad de contar con un mayor presupuesto para el año 2009 a fin de acelerar la culminación del RUV, requisito indispensable para poder acceder a las reparaciones del Estado.
Los consejeros puntualizaron asimismo en la necesidad de iniciar las reparaciones individuales, mismas que están a cargo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, CMAN.