El Comercio. Ardua es la lucha que libra el Gobierno Mexicano contra la telaraña que han tejido los cárteles de la droga en ese país. Más de 30 mil personas han muerto en los últimos cuatro años, según cifras oficiales, desde que el presidente Felipe Calderón asumió el poder y decidió enfrentarse sin tapujos al narcotráfico.
El escenario es sumamente sangriento y, a este ritmo, el número de muertos podría superar largamente a las víctimas que generó la violencia terrorista en nuestro país.
La situación deja muchas lecciones en las que deberíamos vernos reflejados, como un espejo, para no recorrer el mismo camino de México, calificado hoy como un ‘Estado fallido’.
La atingencia es pertinente y urgente, cuando se sabe que el próximo año el Perú podría convertirse no solo en el primer productor de coca, sino también en el primer exportador de cocaína. La pregunta es qué hacemos para no terminar como un país desbordado, infectado por el poder de la droga, un narcoestado.
En primer lugar, es claro que las presiones y medidas de control que se ejercen en Colombia y ahora en México contra el narcotráfico repercuten negativamente en el Perú y llevan a la consolidación de cárteles en nuestro país.
Hay indicadores certeros, además, de que el mercado de estupefacientes se ha incrementado en Sudamérica, sobre todo en el cono sur. Otra variable importante es que, independientemente del VRAE y del Huallaga, han surgido otros puntos neurálgicos, como la zona del Putumayo, Puno y Madre de Dios.
Lo más grave es que se ha avanzado poco internamente para enfrentar estos problemas, a través de una política antidrogas que, de manera frontal y sostenida, impida el crecimiento del narcotráfico en el país y su penetración en las esferas políticas y empresariales.
Los cárteles mexicanos han asumido el control de la producción de la cocaína en la región y tienen amplia presencia en el Perú, aprovechando las ventajas de la salida al mar (que no ofrece Bolivia, por ejemplo). Los asesinatos periódicos, tipo ‘sicariato’, que cual ajuste de cuentas se registran en Lima sin que medien explicaciones de las autoridades, se están haciendo cada vez más comunes. Corresponde pues insistir en el repotenciamiento de la lucha antidrogas y asumirla con plena voluntad política. El gobierno aún tiene tiempo para resolver temas urgentes (como el control de insumos químicos) y la aplicación de políticas que impidan la corrupción de las instituciones responsables del control.
México ha llegado a esta situación después de décadas de inacción. El Perú no puede seguir ese mismo camino.