El doctor Raúl De los Ríos Cáceres, coordinador de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente del Ministerio Público, pidió reexaminar la política contra los delitos ambientales pues desde su perspectiva no se debe esperar la concreción de las faltas para luego actuar, pues a veces es demasiado tarde y ya el daño a nuestra Amazonia está hecho.
«Tenemos más de un millón 750 mil pies tablares decomisados en dos años y medio de trabajo de los fiscales, lo que es bueno pero también significa que llegamos tarde, por lo que creo que las políticas de prevención y persecución del delito tienen que cambiar y ser estratégicas», indicó.
Durante el I Foro Público sobre Gobernanza, Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Sector Forestal, organizado por la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo en Lima, el abogado indicó que actualmente hay más de 3,500 procesos penales vinculados a los delitos ecológicos en minería, contaminación y tala ilegal.
Las regiones más difíciles
Agregó que Madre de Dios, Pucallpa y Piura son regiones muy difíciles para la lucha contra este flagelo, pues allí se dan altos índices de incumplimiento de las normas, en gran medida justificadas por la falta de presupuesto pero que en el fondo se debe a la poca educación e interés por el tema de parte de los responsables.
«Por eso hemos empezado a trabajar con la formación de los fiscales escolares ambientales, involucrando a los estudiantes en la problemática de su región. Pero también queremos que las autoridades regionales y municipales se interesen más en el tema y apliquen acciones concretas. Cada región y municipio debe cumplir y hacer sus políticas ambientales», insistió.
El entrevistado también lamentó situaciones reales que dificultan la lucha contra la destrucción de nuestra Amazonia, empezando por los sueldos de los profesionales que son bajos precisamente en el caso de los funcionarios responsables en controlar este delito, lo que favorece la desidia y en el peor de los casos la corrupción.
«Con frecuencia pasan meses y los funcionarios no reciben pago alguno hasta que salga su resolución. Entonces, de qué viven esas personas, con qué ganas van a cumplir con su trabajo», se preguntó.
El Fiscal Superior Provisional también hizo un llamado a la formación de la carrera del servidor público en temas ambientales, para que puedan formar verdaderos especialistas en la lucha contra estos delitos.
Asimismo, precisó que es fundamental consolidar una policía especializada cuyos efectivos sean inamovibles y no se distraigan en otras labores o sean cambiados a otras dependencias, pues actualmente el efectivo termina su periodo de dos o cuatro años y es enviado a otra unidad.
Indicó que de esta manera se pierde a un elemento con experiencia y la inversión en la formación de una autoridad que fue entrenada para detectar los delitos ambientales.