La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, se mostró indignada por las continuas muertes en las carreteras del país, que en menos de cinco días han cobrado la vida de 46 personas, y responsabilizó al Ejecutivo y a los gobiernos regionales por el escaso control y supervisión de las empresas de transportes.
“La obligación, desde el Estado, es privilegiar la vida y la salud de los compatriotas de menos recursos, que son los usuarios de estos servicios. La administración estatal es la obligada a supervisar a las empresas de transportes”, dijo, al tiempo que consideró que existe un escaso apoyo de los gobiernos regionales al ‘Plan Tolerancia Cero’ dado que en las provincias no se están realizando los operativos de supervisión a las empresas de transporte interprovincial.
Merino puntualizó que en el caso de Lima, las revisiones técnicas le corresponden al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), pero que en el caso de provincias son los gobiernos regionales los obligados a verificar la vigencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), el buen estado del vehículo y el permiso para operar como empresa de transportes. La Defensora detalló que en el caso de Arequipa, Puno y Ayacucho, por ejemplo, los gobiernos regionales no han cumplido con homologar a los inspectores nombrados por el MTC.
Esta madrugada otras 16 personas murieron y más de 30 quedaron heridas tras un choque frontal de dos ómnibus interprovinciales en el kilómetro 555 de la Carretera Panamericana Sur, en Acarí, Arequipa.