El Comercio. Persisten varios conflictos sociales violentistas, en Aguaytía y Espinar por ejemplo, que demandan la acción urgente y responsable del Gobierno pero también de los dirigentes locales, para resolver los temas de fondo.
En el primer caso, Aguaytía, solo con la acción coordinada de la Policía Nacional se pudo desbloquear las carreteras y desalojar a un grupo de cocaleros ilegales que ocupaban una planta de energía eléctrica, con lo que volvió momentáneamente la calma ala zona.
Sin embargo, ciertos dirigentes cocaleros insisten tercamente en su absurda demanda de paralizar la erradicación de cultivos ilegales, a pesar de que está probado que los cultivos alternativos, como el cacao y el café orgánicos, de creciente demanda en el mercado mundial, tienen gran rentabilidad.
Como lo hemos reiterado, hay que distinguir entre los cocaleros que se esfuerzan por ordenarse y adaptarse a la legalidad, de aquellos otros que, de modo cómplice y facilista, le hacen el juego a las mafias del narcotráfico e insisten en cultivar coca.
De ahí la pertinencia de continuar con la política de interdicción contra los cabecillas del narcotráfico aliados al terrorismo, así como de incrementar la presencia del Estado y afinar la acción de Devida para atraer a más campesinos a la legalidad.
El narcotráfico es un enemigo peligroso y con muchos recursos: recordemos que, a pesar de todas las acciones gubernamentales, esta lacra ha ido trasladándose a otras zonas del sur, donde nunca antes se cultivaba coca.
En el caso de Espinar, la situación sigue bastante crítica. Los dirigentes insisten en bloquear las carreteras del Cusco y también la ruta ferroviaria a Machu Picchu, con lo cual mantienen en zozobra a miles de pobladores y empiezan a afectar el turismo, principal actividad económica de la región, lo que, además de irresponsable, es muy preocupante.
El nuevo jefe del Gabinete, José Antonio Chang, entre tanto, ha subrayado correctamente que no dialogará bajo presión, por lo que ha pedido a los dirigentes que levanten la medida de fuerza para iniciar el diálogo.
Los esfuerzos de mediación de la Iglesia y la Defensoría del Pueblo han sido hasta ahora, lamentablemente, infructuosos.
La sospecha aquí es que algunos promotores del paro quisieran prolongarlo, simplemente por razones electoreras, hasta que pasen los comicios del 3 de octubre, en los que participan, lo cual sería absolutamente irresponsable.
En esta delicada coyuntura, se necesitan con urgencia señales de cordura y acercamiento que posibiliten el diálogo sin presiones ni amenazas.
También, mejorar las políticas de comunicación para hacer entender a la población que el proyecto Majes-Siguas II debe beneficiar a las dos regiones y que el Ministerio de Agricultura está tomando las previsiones para garantizar el afianzamiento hídrico de la zona.
Mientras tanto, la autoridad policial tiene que redoblar esfuerzos para asegurar el orden y el derecho constitucional al libre tránsito, que continuamente es conculcado por algunos dirigentes, sin sopesar el enorme daño que causan a la paz social así como a la actividad económica y al desarrollo de las circunscripciones que dicen defender.