Agilizan acciones para iniciar reparaciones económicas individuales a los afectados de la violencia política

El representante de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel de las Reparaciones de Ayacucho, Roberto Rojas, anunció que se está agilizando las acciones para iniciar con las reparaciones económicas individuales a los afectados de la violencia política entre 1980 y 2000, que a nivel del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) suman 7 mil inscritos en el Registro Único de Víctimas (RUV).

En conversación con el programa Diálogo Ciudadano de INFOREGIÓN que se transmite desde San Francisco hacia todo el VRAE, sostuvo que el Presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, señaló que de los 40 millones que se ha destinado para las reparaciones colectivas, 20 millones, se direccionarán para las reparaciones económicas individuales.

“Para llevar adelante este proceso se ha conformado una Comisión Técnica Multisectorial que se encargará de diseñar los lineamientos técnicos y las metodologías para implementar el Programa de Reparaciones Económicas a las víctimas del terrorismo”.

En ese sentido Rojas Neyra, señaló que, probablemente las reparaciones económicas se inicien por las zonas de mayor afectación y pobreza. “Pero sobre todo se debe priorizar a los afectados de la tercera edad, que están muy vulnerables y abandonados. Incuso están muriendo sin ser reconocidos como víctimas”.

En otro momento, reconoció que a los jóvenes afectados se les debe otorgar becas de estudio en institutos y universidades. Y en la salud brindarle el Seguro Integral de Salud (SIS).

“Lamentablemente en las postas médicas se les quiere cobrar a las víctimas de la violencia cuando esto tiene que ser asumido gratuitamente por la institución, hasta con 18 mil nuevos soles. Lamentablemente la falta de difusión de estos derechos y beneficios juega en contra de las víctimas.

Por su parte el presidente de la Asociación de Afectados de la Violencia Política del VRAE, Walter Aguilar, señaló que hasta el momento en el VRAE se ha logrado inscribir en el Registro Único de Víctimas a 7 mil afectados de los aproximadamente 10 mil existentes.

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