El Comercio. ¿Qué más tiene que pasar en Lima y en el resto del país para que el Gobierno se decida a enfrentar eficiente y sostenidamente los asaltos, secuestros y otros delitos que azotan la capital últimamente?
Y es que la violencia que está imponiendo el crimen organizado no tiene parangón. Hoy asistimos a asesinatos a plena luz del día, a robos indiscriminados en establecimientos públicos o a perversos atentados contra inocentes, como el perpetrado contra la niña Romina Cornejo, de apenas 3 años, condenada a vivir postrada en una cama por culpa de una banda de delincuentes reincidentes que merecen la pena mayor que nuestra legislación establece en estos casos.
Sin embargo, sería injusto con todas las víctimas de esta imparable ola criminal quedarse de brazos cruzados; no hacer algo para acabar con una lacra que tiene que ser atacada desde diferentes frentes, como lo han hecho países que convirtieron la lucha contra la delincuencia en una política de Estado o, por lo menos, en un plan metropolitano aplicable en las localidades más convulsas.
Ese es el primer compromiso que nuestros poderes públicos se niegan a asumir. Baste ver lo sucedido en el Congreso la semana pasada, cuando el grueso de los parlamentarios abdicó de su función fiscalizadora y abandonó el hemiciclo en lugar de escuchar, debatir y refutar las medidas que aplica el Ministerio del Interior dentro de su conocida y errática estrategia contra el crimen organizado. ¡Esperemos cuántos son reelegidos por esos electores cuyos problemas hoy desatienden!
A este ritmo, la lucha contra el delito no es una prioridad en el Perú. Apenas si representa un conjunto de actividades esporádicas que se aplica cuando una crisis estalla, pero sin planificación, inteligencia u objetivos.
Por eso, valdría la pena preguntar al ministro del Interior por cuánto tiempo la PNP resguardará las calles de Lima, incluyendo las salidas de la Vía Expresa, en una de las cuales fueron atacados los abuelos de la pequeña Romina.
La ciudadanía tiene derecho a exigir que el Estado cumpla su función en beneficio de una población que honra sus obligaciones cívicas y tributarias. Que demanda una agenda básica para garantizar la seguridad ciudadana, que este régimen aún podría cumplir en su quinto año de gobierno.
Por ejemplo, si los diagnósticos sobre la criminalidad abundan, por qué no aplicar de inmediato una estrategia inteligente para proteger a los segmentos en riesgo. Para eso se necesita una fuerza policial consolidada, evaluada y que trabaje estratégicamente con el serenazgo municipal, allí donde sea viable.
Cuán positivo sería que la PNP y las municipalidades trabajasen con las rondas vecinales o contribuyera a su formación sobre todo en zonas donde el número de efectivos es exiguo. Asimismo, que se reorganice el Consejo de Seguridad Ciudadana.
En el mediano plazo, otras medidas de prevención del delito se ubican en el campo de la educación, para que los ciudadanos aprendan a defenderse de la delincuencia. ¡Qué decir del rubro punitivo, para que ningún delito quede impune! En este terreno, evidentemente, el Congreso y el Poder Judicial han perdido su oportunidad para legislar y sancionar ejemplarmente.
Ad portas de las elecciones municipales, los candidatos deberían saber que, entre otras tareas, la población votará por aquel que no solo se comprometa a combatir la delincuencia, sino que además explique cómo la enfrentará, con base en qué estrategias, recursos y alianzas.