Espacio Compartido. El innegable crecimiento del delito, la cada vez mayor sensación de inseguridad, la violencia creciente en la comisión de actos criminales, el uso incontrolado de armas de fuego, las víctimas de estos hechos que alcanzan su máxima expresión en el caso de la niña Romina, baleada inmisericordemente durante un asalto y todo el drama que significa la precaria situación de la seguridad ciudadana, ha provocado reacciones desesperadas, tanto en los encargados de brindar seguridad, como en la ciudadanía, sin desconocer el perverso aprovechamiento político de la crítica situación, que pretende conquistar adhesiones planteando temas constitucionalmente inviables.
Pretendemos resumir algunas de las reacciones:
El Presidente de la República, antes de su Mensaje del 28 de julio, declaró al Comercio que los asuntos pendientes de su gestión estaban referidos a la seguridad ciudadana y la corrupción. En el mensaje de Fiestas Patrias, su preocupación se redujo a una breve mención del problema de la inseguridad, simplificándolo a la ausencia de coordinación entre los órganos estatales encargados de tal fin.
Es probable que no haya advertido el presidente que desde enero del año 2003 está vigente la ley 27933 que regula el Sistema de Seguridad Ciudadana y responsabiliza al ministro del Interior la conducción del Consejo de Seguridad Ciudadana que debe armonizar y articular la actuación de los comités regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana, así como a los sectores involucrados en el sistema.
Si este consejo no funcionó durante los cuatro años de gestión de la presente administración, resulta obvio que los ministros del Interior que se han sucedido no han cumplido la ley y el presidente no ha aplicado las correcciones para que sus ministros la cumplan.
Se ha producido tal desconcierto, que un despistado jefe militar de la región sur del país, planteó sacar unidades militares para patrullar la ciudad de Arequipa, sabiendo que resulta inconstitucional la intervención del Ejército en funciones que no son de su competencia, con la salvedad de los regímenes de excepción y cuando expresamente se encargue a las Fuerzas Armadas el control del orden interno.
Nos hizo saber también el jefe militar, que tenían armas no letales que disparaban proyectiles de goma, lo que nos sorprendió al constatar que el Ejército invierte en adquirir equipo que no corresponde a la naturaleza de su actuación, o acaso en un escenario de combate se pueden rechazar a tropas invasoras con proyectiles de goma. Cabe dos interpretaciones, o se está gastando inútilmente los escasos recursos o realmente se está produciendo una policialización de las Fuerzas Armadas ante la improbabilidad de un conflicto armado.
Esta explicación adquiere verosimilitud si le adicionamos lo declarado por el ex ministro de Defensa y ex Comandante General del Ejército, Roberto Chiabra, quien afirmó que la fuerza armada conoce la dimensión del narcotráfico y que tiene planes para combatirlo.
Hasta donde sabemos y la constitución establece, la persecución y combate al delito es parte de la finalidad de la Policía Nacional y el tráfico ilícito de drogas es un delito criminalizado en el Código Penal, por tanto, no sólo está reconociendo el citado ex ministro, que el problema en el VRAE y El Huallaga es básicamente el tráfico de drogas, y el involucrarse en su persecución es otra muestra de la policialización de las fuerzas armadas.
Habría adicionalmente que constatar si la policía tiene el equipo que posee la fuerza armada para asuntos netamente de orden público y evitar que jefes militares confundan a la población ofreciendo su participación en tareas que no le corresponden, pero que pueden ser aceptadas popularmente por el estado de crispación consecuente de la ingobernabilidad en asuntos de seguridad.
Programas radiales, por el mismo estado de crispación, vienen planteando la participación de las fuerzas armadas en temas de seguridad ciudadana, haciendo consultas telefónicas a la población, que obviamente se inclinan por el orden y no interesa a qué precio. El ejemplo de México resulta decidor cuando las Fuerzas Armadas se comprometen en la persecución de un delito, el baño de sangre es aterrador.
Como no podría esperarse otra actitud, los congresistas fujimoristas con fines más de sintonizar con la ya mencionada crispación popular por la inseguridad y en clara busca de votos, plantea un debate a todas luces inconstitucional como la aplicación de la pena de muerte, como si la punición y la muerte pudiesen resolver el crecimiento del delito. Sabiendo que ello no es viable, distraen la atención nacional con el perverso propósito de captar simpatías electorales y con la seguridad que no prosperará la propuesta pero tendrán a quién atribuir culpas por ello.
La Policía atraviesa uno de sus momentos más difíciles: mal formados, mal capacitados, mal atendidos, mal remunerados, son presas de una enorme desmotivación que crecerá cuándo sus expectativas por las nuevas remuneraciones se vean defraudadas, si nos atenemos a lo declarado por la ministra de Economía, que las estimaciones que se vienen haciendo constituyen “fantasías”. Ojalá nos equivoquemos, pero este problema de las remuneraciones será artificiosamente diferido para la siguiente administración. Ya sucedió con el anterior gobierno de García y el nunca aplicado DS 213.
Además de la desmotivación y desfidelización de los policías, la falta de inteligencia para planear las operaciones policiales, nos demuestra por un lado, la poca fiscalización sobre los fondos destinados a gastos de inteligencia y consecuentemente la poca efectividad de esta actividad y lo que resulta obvio, el apoderamiento de estos fondos por los encargados de administrarlos, empobreciendo la actuación policial.
Las constataciones que hace el personal policial sobre el apoderamiento de fondos públicos por parte de algunos jefes, promueve que la corrupción corra en cascada hacia abajo, sin que se pueda ejercer el control debido sobre la actuación policial.
Si se adiciona la defensa que hizo el primer mandatario de un jefe policial que recibió irregularmente fondos públicos de una autoridad municipal, aún cuando se haya utilizado el dinero en propósitos correctos, significa el establecimiento de una corriente de burlar la norma que resultará incontrolable e insancionable.
Finalmente tenemos que decir que para afrontar la actual situación de creciente inseguridad deben iniciarse dos tipos de acciones: contener el actual crecimiento de la inseguridad con planes sustentados en inteligencia efectiva (es posible hacerlo y así lo demostró la DIRINCRI al capturar en tiempo breve a dos de los delincuentes que provocaron el drama de la niña Romina), de tal suerte que no se estén dando palazos de ciegos.
Como acción paralela, articular la participación de los municipios y organizaciones de bienestar social en la atención de grupos en riesgo y zonas vulnerables, con fines de prevenir y evitar la aparición de nuevos delincuentes.
En el mediano plazo, definir el tipo de policía que necesitamos e iniciar la transformación de la actual institución en una moderna, profesional, producto de nuevas bases doctrinarias, nuevas relaciones de conducción, revisión y modernización de rutinas, revaloración del hombre policía, remuneraciones y ambiente laboral digno y que sea parte de la urdimbre social.