El Comercio. El ministro de Justicia ha puesto el dedo en la llaga respecto de un gravísimo problema que afecta no solo la correcta administración de justicia sino también el delicado equilibrio institucional del Estado democrático, que tanto nos ha costado recuperar.
Acompañado por los procuradores del Estado, el doctor Víctor García Toma ha calificado de sospechosos los fallos judiciales que benefician a los hermanos Sánchez Paredes y al ex alcalde Luis Valdez, acusados de narcotráfico y otros graves delitos.
A esta ya crítica muestra de despropósitos judiciales se agregan otras absurdas resoluciones que, entre otras, autorizan el ingreso de autos usados a pesar de una prohibición expresa del Tribunal Constitucional o dejan libres a inescrupulosos que arrojan agua caliente a su pareja. ¿En qué país vivimos? No le falta razón al ministro, ante la contundencia de las evidencias incriminadoras soslayadas por los jueces.
Su metáfora de lo que podría estar ocurriendo es brutalmente reveladora del grado de corrupción judicial: “No vaya a ser que estemos cambiando la balanza de la justicia por el cajero automático”.
A la espera de una adecuada reacción del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia ha exigido a los jueces cuestionados que sustenten sus resoluciones en la página web del PJ, en tanto que el procurador del Ministerio Público ha denunciado penalmente a los vocales que aceptaron el polémico hábeas corpus a favor de los Sánchez Paredes, que anula el proceso por presunto lavado de activos.
En el caso de Valdez se espera igualmente una pronta apelación, pues, en una demostración de arrogancia y desprecio por la ley, el ex alcalde, que pretende reelegirse, ha anunciado que pedirá ser juzgado en libertad, y no bajo arresto domiciliario.
La otra cara de la moneda la dan los miles de presos que no tienen recursos ni para pagar un abogado y continúan hacinados y sin sentencia, a veces por tener 50 gramos de marihuana o haber robado un celular.
Estos extremos de la realidad judicial y penitenciaria resultan aberrantes. La ley debe ser igual para todos. “Algo se pudre en Dinamarca”, como dice uno de los personajes de Hamlet. Y acá también. Los peruanos no podemos tolerar estos escandalosos desvaríos de algunos jueces, que avergüenzan al PJ, por lo que deben ser sancionados y separados.
Pero, el problema, aparentemente, ha desbordado a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) que, a pesar de su buena voluntad, no puede poner coto a la terrible lacra.
El Consejo Nacional de la Magistratura, en tanto, debe aún superar una serie de problemas internos que echan sombras sobre su imparcialidad y eficiencia. Corresponde a la Corte Suprema asumir la gravedad del problema.
No se trata solo de desterrar la provisionalidad, sino también de dar más apoyo a la OCMA y retomar el proceso de reforma, en coordinación con el Congreso de la República, sobre la base de los documentos de la Ceriajus.
En esta delicada coyuntura, se espera que las más altas autoridades del PJ den muestras claras de su voluntad de reforma y de lucha contra la corrupción.
Y que, en ese espíritu, se abstengan de comentar sobre casos judicializados o por judicializarse, para no adelantar opinión, como es un principio jurídico.
La autonomía judicial, que todos debemos respetar, como manda la Constitución, no puede ser menoscabada.
Corresponde a los jueces, que no son dueños del Poder Judicial sino solo sus administradores, redoblar esfuerzos para no desvirtuarla. ¿Cómo? Pues aplicando justicia con criterio, oportunidad y legalidad, sin abusar del derecho, para poder recuperar prestigio y credibilidad ante los ciudadanos litigantes.