Otro funcionario corrupto que trabajaba en la región Madre de Dios fue sentenciado a prisión por el Poder Judicial, debido al abuso de su posición dominante como trabajador de un centro penitenciario, que lo llevó a estafar a un interno exigiéndole dinero a cambio de una sentencia favorable.
Se trata del sujeto Marco Antonio Aparicio Farfán, quien en su calidad de administrador del Establecimiento Penitenciario San Francisco de Asís de Puerto Maldonado, estafó a un interno solicitándole 2 mil dólares americanos para pagar a los magistrados de la Sala Mixta del Poder Judicial, para que estos a su vez den una sentencia favorable que le permita obtener su libertad de inmediato.
El interno logró conseguir la suma de 900 dólares, que entregó a este mal funcionario del INPE, quien le manifestó que supuestamente había negociado con el Presidente de la Sala Mixta, pero que el vocal le había rechazado manifestando que el trabajito costaría 2 mil dólares, por lo cual el interno tuvo que vender su carro a un comprador que el mismo administrador del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) le consiguió, haciendo una segunda entrega de dinero esta vez 1,100 dólares con lo cual se completó la suma presuntamente solicitada.
Al salir en libertad el interno tomó conocimiento que el mal funcionario del INPE lo había estafado, ya que su libertad fue luego de una sentencia justa que había emitido el colegiado, más no así como consecuencia de los dos mil dólares que el administrador del INPE habría supuestamente entregado a los magistrados del Poder Judicial, para lograr una sentencia favorable.
Conocido el hecho, el abogado del interno comunicó al presidente de la sala Mixta el atrevimiento del mal funcionario del INPE, quien había tomado su nombre para solicitar dinero al interno.
El magistrado se mostró indignado por la actitud de este mal funcionario, iniciándose la denuncia penal en contra de este sujeto Marco Antonio Aparicio Farfán, por delito contra la administración pública tipo concusión y corrupción de funcionarios, siendo sentenciado a 4 años de pena privativa de la libertad suspendida en el periodo de tres años, inhabiliatación de 2 años y el pago de la reparación civil de cuatro mil nuevos soles.
Sin embargo, el doctor Roberto Castillo Velarde, Fiscal Superior apelará la pena benigna del Poder Judicial, ya que la pena no se ajusta al mínimo legal, que establece no menos de 6 años, así mismo solicitará la devolución de los 2 mil dólares producto de la estafa de este mal funcionario que se aprovechó de la ingenuidad del interno que creyó que dando dinero al administrador del INPE, el Poder Judicial le daría su libertad inmediata.