Un total de 38 oficinas a cargo del control y la prevención de los delitos forestales en las regiones amazónicas de nuestro país tienen serias deficiencias que limitan drásticamente su labor fiscalizadora, situación que parecería estar configurada para que no se supervise nada, informó hoy la Defensoría del Pueblo.
«Tienen muy poco personal, en promedio tres personas por cada oficina, que para las enormes extensiones de territorio es insuficiente. Pareciera responder a un diseño establecido para que no funcione, ni se controle nada», fustigó la doctora Beatriz Merino, titular de dicha entidad.
Fue durante la presentación del Informe Defensorial Nº 151, “La política forestal y la amazonia: avances y desafíos en el camino hacia la sostenibilidad”, documento que revela la falta de condiciones para el comercio legal de la madera.
La abogada agregó que de esas 38 oficinas regionales apenas seis están en buen estado operativo, y solo tres poseen camionetas en condiciones de funcionar. ¿Cómo se va a controlar entonces la destrucción a los bosques amazónicos? se preguntó Merino Lucero.
Demandas
La Defensora del Pueblo pidió elevar el nivel jerárquico de la autoridad nacional forestal dentro del Poder Ejecutivo y que el Ministerio de Agricultura culmine y apruebe la política nacional forestal y otros instrumentos de gestión indispensables para que el Perú pueda preservar sus bosques y las comunidades nativas tengan un aprovechamiento sostenible de los recursos forestales,
También demandó que la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio del Ambiente dispongan un proyecto de ley de ordenamiento territorial.
«Debe hacerse efectiva la transferencia de funciones a los gobiernos regionales de Amazonas, Huánuco, Junín y Pasco; y transferir los recursos necesarios para que las funciones sean debidamente ejecutadas, incluyendo a Loreto, San Martín y Ucayali, dándoles sostenibilidad en el tiempo», concluyó.