En pronunciamiento que reproducimos a continuación, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA se solidariza con el sacerdote británico Paul McAuley, considera que su expulsión del país carece de todo sustento y señala que quien pierde es el país, las comunidades de Loreto y la causa a favor del medio ambiente.
SPDA. A través de la Resolución Ministerial 0571, del 11 de junio de 2010, el Ministerio del Interior decidió cancelar la residencia en el país al religioso británico Paul McAuley, conocido por su labor a favor del medio ambiente y las comunidades de Loreto.
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) considera que esta expulsión carece de todo sustento, y que más bien constituye una respuesta inadecuada del Estado frente al activo compromiso del hermano McAuley con la defensa de los derechos de los pobladores de Loreto, en la búsqueda de un ambiente saludable.
El hermano Paul, como lo conocen todos en Loreto, vive en el país hace alrededor de 20 años. Es filósofo y matemático, y antes de pedir trabajar con los pobres del Perú, fue asistente del Superior General de los Hermanos de La Salle en Roma.
Se trata de un religioso muy preparado, que ha dedicado buena parte de su vida a ayudar a generar capacidades y defender los derechos de peruanos, por lo que se ha ganado un amplio respaldo y simpatías en los lugares en los que ha trabajado.
En la región Loreto, el hermano Paul pudo constatar hechos irrefutables como el constante deterioro de los bosques amazónicos, el abandono en el que están los pobladores indígenas achuar, kichuas y awajún de la provincia de Dátem del Marañón, y el incumplimiento sistemático de consideraciones sociales y ambientales por parte de algunas empresas petroleras.
Asimismo, el hermano Paul fue un personaje clave en el proceso legal que se siguió para felizmente excluir a la cuenca del Mazán del proceso de otorgamiento de concesiones forestales, cuyo impacto en las comunidades previamente asentadas en dicha zona hubiera sido lamentable..
En el 2005 fundó oficialmente la Red Ambiental Loretana (RAL), que tiene como objetivo vigilar los recursos naturales de la región, la defensa del medio ambiente y proponer soluciones en beneficio de la población local y del país. Sus miembros son voluntarios: profesionales, estudiantes, amas de casa, agricultores, comunidades indígenas, campesinas, grupos de jóvenes y bases barriales.
En su papel de Presidente de la RAL, el hermano Paul ha promovido la toma de conciencia y la participación de diversos jóvenes loretanos en torno a la problemática ambiental y las políticas del gobierno en la Amazonía.
La RAL -como cualquier red ciudadana- provee información y ha contribuido con dar a conocer casos emblemáticos de impactos ambientales de los hidrocarburos, como por ejemplo, el de la contaminación del río Corrientes, uno de los más graves sucedidos en el país, lo que fue admitido por el propio gobierno.
Junto con la SPDA, la Red Ambiental Loretana inició un proceso de amparo contra el botadero municipal instalado por la Municipalidad Provincial de Maynas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, la misma que obtuvo sentencia favorable obligando su clausura y reubicación, aunque hasta la fecha no haya sido cumplida.
Las acciones de Paul McAuley siempre han sido públicas y transparentes, por lo que cualquier ciudadano o institución puede estar de acuerdo o en desacuerdo con sus posiciones.
Por ello, resulta sorprendente e inaceptable que el gobierno peruano haya resuelto expulsarlo del país alegando que realiza actos contra el orden público interior.
El liderazgo de un gobierno debe ejercerse mediante el diálogo y con argumentos y no mediante el fácil expediente de la fuerza, actitud que precisamente todos los peruanos buscamos evitar cuando promovemos la no violencia.
Es paradójico que a pocos días del reciente derrame de petróleo en el río Marañón, cuando se discute una nueva visión para la Amazonía, el gobierno decida expulsar a una persona comprometida con la región y sus pobladores.
El religioso ha expresado que, en la medida que siempre ha promovido que se respete la legalidad, aceptará esta medida y dejará el país. Con su expulsión, quien pierde es el Perú y el gobierno expresa debilidad y falta de argumentos.
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