Designan Procurador Público Especializado en Delitos Ambientales

La muerte de cinco delfines rosados en Requena, especie que se encuentra en peligro de extinción, el derrame de petróleo en el río Marañón, la minería informal en zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas como el Parque Nacional Huascarán o la Reserva Nacional Tambopata, son algunos ejemplos de delitos ambientales que en el 2009 llegaron a un total de 3,187 procesos presentados a las Fiscalías Provinciales Penales o Mixtas en diferentes regiones del país.

Frente a la cantidad de delitos ambientales registrados a nivel nacional el Estado peruano ha designado a través de la Resolución Suprema, al Procurador Público del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán Mendoza, como Procurador Público Especializado en Delitos Ambientales.

Esta resolución fue publicada en el diario oficial El Peruano y fue refrendada por el Presidente de la República, el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Justicia y el Ministro del Ambiente.

Esta designación, que fue impulsada por el Ministerio del Ambiente (MINAM), hará posible que esta nueva figura del Procurador Público Especializado en Delitos Ambientales, concentre el total de denuncias y procesos generados a nivel nacional, lo cual resulta estratégico teniendo en cuenta que el MINAM tiene como una de sus funciones la conservación del ambiente.

Un aspecto a destacar de esta resolución es que ejerce una mejor defensa del ambiente y los recursos naturales, unifica criterios en cuanto a la utilización de los mecanismos penales y procesales penales vigentes respecto a delitos ambientales, sobre todo, en la prevención y represión efectiva, con lo cual se espera revertir la tendencia negativa de la defensa del Estado en estos temas, teniendo en cuenta que a la fecha no se han conseguido sentencias condenatorias importantes.

A este importante logro para el país se le suman otras importantes iniciativas como la Ley 29263, publicada el 2 de octubre del 2008, que modificó el Título XIII del Código Penal peruano estableciendo sanciones con penas mucho más estrictas para los que comentan delitos ambientales en el país.