El Comercio. A propósito de la liberación de Lori Berenson el diario El Comercio organizó una mesa redonda con expertos en el tema legal, social y en el de seguridad a fin de buscar respuestas al tema del terrorismo y precisar los nuevos retos de la sociedad frente a este fenómeno. A continuación una síntesis de las intervenciones de los expertos convocados.
El pasado y el presente de la legislación peruana contra el terrorismo
Bastó que se liberara a Lori Berenson para que se encendiera el debate y parte esencial de este pasa por la legislación contra el terrorismo. Pero para encontrar una respuesta al problema es indispensable saber cuándo comenzó y cómo ha cambiado en las últimas décadas.
El penalista Mario Amoretti recordó que con Juan Velasco comenzaron a dictarse leyes sobre el delito, pero que recién en el segundo gobierno de Fernando Belaunde (1980-1985) se aprobó un decreto legislativo, el 046, que tipificó el delito de terrorismo.
Posteriormente, en la etapa de Alberto Fujimori, se dictaron nuevas leyes (los jueces sin rostro y las cadenas perpetuas) que, para el magistrado Carlos Mesía del Tribunal Constitucional, “fueron perjudiciales y beneficiaron (a los terroristas) al ponerlos como víctimas”. Esas leyes generaron impugnaciones que llegaron a la Corte Interamericana de DD.HH. Por eso, el TC emitió, en el 2002, un fallo para que el Estado rehaga la normatividad antiterrorista.
A raíz de esa resolución se hacen nuevos juicios a los condenados por terrorismo y el Ejecutivo aprueba una serie de normas, entre las que figura el Decreto Legislativo 927 (por el que Berenson obtuvo la liberación condicional y que se derogó en octubre del 2009) para regular los nuevos procesos. En opinión de Mesía, fue una buena legislación, pero se pudo ser más drástico con la cantidad de años de las sentencias.
La reacción de ciudadanía luego de la liberación de Lori Berenson
Para la socióloga Carmen Rosa Balbi, la forma como reaccionó la ciudadanía tras la liberación de Lori Berenson fue completamente inesperada. “Los miedos [después de las dos décadas de la violencia política] aún están presentes .[] Hay paranoia en la gente. [] Se ha creado una psicosis”, dijo. Agregó que, a raíz de este evento, nos damos cuenta de que “la sociedad peruana no ha llevado a cabo el proceso de reconciliación. No estamos todavía preparados”.
Otro punto es que se ha demostrado que la sociedad no está preparada para convivir con los presos por terrorismo que salen libres.
El médico psiquiatra Alberto Péndola dice que ahora la tarea es trabajar para encontrar un sentido contra el terrorismo, que, según él, nos paraliza. “En el momento en que podemos darle un sentido, se recupera la posibilidad de enfrentar el problema de manera creativa. Nuestra sociedad no lo hace todavía porque está fragmentada y no enfrenta adecuadamente este fenómeno”, dijo.
El manejo político de la legislación contra la subversión
¿Los políticos deben pensar en cómo reaccionará la ciudadanía cuando aprueban leyes? Para Carmen Rosa Balbi, “la ley tiene que estar hecha de acuerdo con las expectativas de la población”.
Según el ex presidente del Consejo de Ministros Luis Solari, la autoridad pública se maneja en su relación con la realidad. “Este es un tema [legislación antiterrorista] que necesita de un proceso comunicacional. [] Es importante cómo la autoridad pública va a manejar el tema, porque eso va a determinar finalmente la reacción de la gente”.
Por ejemplo, para el experto en temas de terrorismo Rubén Vargas, actualmente “hay un sector político que utiliza el tema del terrorismo para capitalizarse políticamente y presentarse como si hubiesen sido los grandes salvadores del país frente a esta amenaza. Esa utilización política es bastante perversa y se viene arrastrando desde 1993”.
El director nacional de Justicia del Ministerio de Justicia, Daniel Figallo, dijo que el Congreso sí puede sustentar sus acciones vinculadas con el principio de oportunidad, ya que en todo momento está en contacto con la realidad. Pero en el caso de los jueces eso no es posible porque no pueden tomar sus decisiones basándose en posiciones sociales u opiniones. “Sustentar sus fallos sobre la base de lo que indica la comunidad es complicado, porque el Estado de derecho sujeta al magistrado al seguimiento de la Constitución y las leyes. Por eso hay decisiones impopulares que se tienen que tomar”, afirmó.
La situación de Sendero Luminoso en la actualidad
Si del MRTA se dice que está prácticamente desarticulado, de Sendero Luminoso se afirma que solo quedan rezagos en el Huallaga y en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE). Rubén Vargas recalca que no hay que subestimar a los llamados “rezagos”.
“Se está llamando a los terroristas como pandilleros, sicarios, narcoterroristas o mochileros. Creo que es importante analizar cuál es la naturaleza actual de los grupos que actúan en el VRAE y el Huallaga. Tengo la impresión de que se está subestimando mucho”, opinó.
“Hay información, por testimonio propio, del adoctrinamiento de algunos dirigentes universitarios de Huamanga que han participado en acciones terroristas [de Sendero Luminoso]. […] También se debe tener en cuenta lo que ocurre con algunos sindicatos ayacuchanos como el Sutep”, manifestó.
Por último, reveló que muchos senderistas que ya cumplieron sus condenas han vuelto a reagruparse. “Por lo menos, dos mandos que forman la secretaría general de Proseguir (facción de Sendero Luminoso) del VRAE, son ex presos que salieron en libertad el año pasado, y operan desde Huancayo”, dijo.
Soluciones que se podrían aplicar en el futuro
El general PNP (r) Ketín Vidal dice que Sendero Luminoso se preparó desde los años 70 y recién reaccionamos en los 90 creando un servicio de inteligencia. Ahora es inevitable que dejarán la prisión los presos por terrorismo.
Carlos Mesía dice que, ante ello, “no se debe esperar a último momento”. Por eso plantea una solución conjunta: la creación de una comisión técnica que agrupe al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como otros órganos representativos de la sociedad, que cree una política para enfrentar el problema con seriedad. De igual manera piensa Ketín Vidal.
Para el tema de los rezagos, Balbi cree que el Estado debe promover un plan serio de cultivos alternativos en el VRAE.
Fausto Alvarado y Luis Solari dicen que hay que buscar una forma de recomponer el vacío jurídico que —en su opinión— se ha generado tras la derogación del D.L. 927.
Daniel Figallo dice que el beneficio penitenciario, como la liberación condicional, fue muy interesante como estrategia porque permitió hacer un seguimiento legal de los presos por terrorismo.