El adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Iván Lanegra, subrayó que la aprobación de la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas es una oportunidad trascendental para construir un proceso de diálogo intercultural entre el Estado peruano y ese sector de la población.
Sin embargo, consideró que aún es necesario un esfuerzo importante para implementar la norma y señaló que para esa tarea se debe reformar el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA).
“Sin ninguna duda, la aprobación de esta ley representa un paso importante en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pero para promover el desarrollo adecuado de la norma se requiere seguir trabajando. Se debe reformar el Indepa, hay que fortalecerlo y darle las responsabilidades y los recursos necesarios”, precisó en el programa Diálogo Ambiental de INFOREGIÓN.
Tarea conjunta
El funcionario de la Defensoría del Pueblo recordó que el proceso de consulta a los pueblos indígenas deberá ser desarrollado por los ministerios, los municipios y los gobiernos regionales. “Estas instituciones deberán hacer la consulta y para ello deberán incorporar este proceso de consulta en su normativa”, agregó.
En otro momento, Lanegra afirmó que la aprobación de esta norma significa el reconocimiento de una legítima demanda de los pueblos indígenas. “Es el cumplimiento de un compromiso que el Estado peruano había adquirido hace más de 15 años con la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, anotó.
Explicó que la ley de Consulta a los Pueblos Indígenas establece un proceso de diálogo respecto a las medidas legislativas que pudieran afectar a este sector de la población.
“Si en ese diálogo se llega a acuerdos, se deben respetar esos convenios. Sin embargo, puede ocurrir que al final del diálogo no se llegue a un acuerdo de consentimiento. En ese caso, corresponde a las autoridades decidir qué medida se va a adoptar, entonces el Estado debe tener presente el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, como el derecho a la propiedad, a la salud, todos los derechos individuales o colectivos”, manifestó.
Finalmente, afirmó que con esta norma el Estado está obligado a revisar los argumentos expuestos en el diálogo y a tomar una decisión sobre la medida a adoptar, teniendo en cuenta que esa decisión no puede vulnerar los derechos de los pueblos indígenas.
“Si la medida implica la afectación de las tierras comunales de los pueblos indígenas, cualquier acto, proyecto o política debe respetar lo que dice la Constitución al respecto”, enfatizó.
Los comentarios están cerrados.