El ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi sostuvo que es un típico método del narcotráfico el cambio de versión de los testigos que en un primer momento acusaron a la ex pareja de la congresista Nancy Obregón de ser el dueño de unos laboratorios de elaboración de droga en Tocache.
“Lo que ha ocurrido en ese caso, es un típico método del narcotráfico, que tiene el dinero suficiente para amedrentar, comprar y sobornar. Los testigos que se han rectificado en sus declaraciones, aducen que fueron golpeados y obligados a acusar a Fabio Chávez, pero eso no es verdad porque esas declaraciones las hicieron frente a un fiscal”, subrayó Rospigliosi Capurro en el programa Diálogo Ciudadano de INFOREGIÓN.
Por ello consideró que el caso se debería trasladar a Lima, tal como lo recomendó hace unos meses la procuradora antidrogas Sonia Medina, debido a la falta de garantías para que las investigaciones se conduzcan con imparcialidad en la zona.
El también periodista estimó que lo que ha ocurrido es parte de la crítica situación que viven algunas instituciones involucradas en la lucha contra el narcotráfico, ya que muchas de ellas sucumben ante los embates de la corrupción.
Gobierno está permitiendo avance del narcotráfico
De otro lado, Rospigliosi Capurro calificó como indignante la paralización de un proyecto de reforestación en Sandia a causa de la presión de un grupo de cocaleros.
Advirtió que el gobierno, por su negligencia, está permitiendo el avance del narcotráfico “y que esta economía ilícita controle una zona más del país”.
“Lo que ha ocurrido es una muestra de debilidad del Estado y del avance del narcotráfico en Puno. También ha quedado clara la cobardía y el oportunismo del alcalde provincial de Sandia, quien además no tuvo respaldo del Estado”, manifestó.
Rospigliosi afirmó además que es increíble que hasta ahora no se instale una base antidrogas en Ayabaca, Piura, que desde hace décadas es una zona de tránsito permanente de la droga que sale del Alto Huallaga y que también tiene como destino Ecuador.
Lamentó que los agentes antidrogas que se forman en las escuelas policiales, gracias al apoyo de la cooperación internacional, sean asignados a otras funciones en vez de estar haciendo lo que saben en las bases antidrogas de la Policía Nacional.