Existen más de 260 conflictos sociales a nivel nacional pendientes de solución, incluyendo 132 de carácter socioambiental, pero no se observa una estrategia de prevención por parte del Estado, informó la Defensoría del Pueblo de Ayacucho.
Jorge Fernández Mávila, representante de dicha institución, dio a conocer que la mayoría de estos conflictos tienen su origen en la falta de cumplimiento del proceso de consulta que debió de realizarse en las comunidades donde existen denuncios mineros.
«El hecho amerita tener una norma donde se indique que la población afectada debería saber sobre los impactos que pueden generar los trabajos de explotación minera», agregó.
Según refirió Fernández Mávila, el Estado no tiene una política eficaz de resolución de conflictos, y por eso no se adelanta a los hechos.
“Lo que nos llama la atención es que ninguno de los conflictos que se tiene como latentes, que suman 81, han sido solucionados hasta el momento”, manifestó.
Sobre la propuesta hecha ante el Congreso de la República sobre la Ley de Consulta Previa, el funcionario recordó que la Defensoría del Pueblo se pronunció a favor y espera vigilante que el Poder Legislativo apruebe la norma que permitirá una política clara respecto a los conflictos que pudieran ocurirr producto de la explotación minera en el país.