La Contraloría General de la República presentó un proyecto de ley para ejercer su función fiscalizadora y de control a los convenios del sector público con organismos internacionales.
Según una nota de prensa, en el marco de convenios de administración de recursos, costos compartidos u otras modalidades similares, diversos organismos públicos han firmado compromisos con varias instituciones internacionales.
Al respecto, la Contraloría menciona la suscripción de acuerdos con entidades como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Oficina de Servicios para proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS), entre otros, que incluyen la ejecución de procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras.
“El proyecto de ley garantiza el acceso irrestricto del Sistema Nacional de Control a toda información y documentación relacionada con los recursos administrados en virtud de los convenios, cualquiera sea la oportunidad en que se formule el requerimiento a las partes que los suscriben”, señala la nota de la entidad.
Según la Contraloría, a la fecha no se sabe cuántos convenios con organizaciones internacionales existen y se carece de información de los montos transferidos.
“Por ello, en la norma propuesta se precisa que se brindará información periódica al Ministerio de Economía y Finanzas y al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), respecto de la ejecución de los recursos administrados.”
De concretarse esta ley, añade la Contraloría, no sólo permitirá a los órganos del Sistema Nacional de Control ejercer la función fiscalizadora sobre los recursos públicos transferidos, sino que el Estado dispondrá de información cierta de cuántos convenios de esta naturaleza se suscriben, el objeto de los mismos y los montos presupuestales involucrados.
Asimismo, qué entidades y organismos internacionales son parte, qué contrataciones se desarrollan en el marco de estos convenios, entre otros datos básicos que no se encuentran registrados en ninguna entidad del aparato estatal.
El proyecto de ley también establece que los recursos transferidos en virtud de los convenios constituyen recursos públicos, siendo de aplicación la normativa nacional a los procesos de selección o ejecución contractual que se desarrollen en el marco de los mismos.