En esclarecedor informe que reproducimos a continuación, el diario El Comercio ahonda en el tema de la explotación minera en Madre de Dios y separa las actividades de la pequeña minería informal de aquella otra ilegal que financia la explotación a gran escala y el blanqueo del oro ilegal. Da cuenta además de los intereses económicos de las autoridades de la zona y de empresas rusas y brasileñas por derogar el Decreto 010 que prohíbe el uso de dragas hidráulicas que ocasionan un devastador daño ecológico en Madre de Dios.
Tienen razón los operadores de turismo en Nasca cuando sostienen que la paralización de los mineros fue una protesta motivada por el “dicen”. Pedro H., joven minero de la zona de Sol de Oro, afirma que el paro fue para que “el Gobierno no nos quite las zonas en las que trabajamos y luego se las entregue a las grandes mineras”. Rosa B., una de las pocas mujeres que llegaron desde Cusco para apoyar la protesta, cree que “los decretos del Gobierno dejarán a su marido sin trabajo”. Los mineros repiten lo que sus dirigentes les dicen.
En Lima, los congresistas han desfilado los últimos días por los medios para disertar sobre un tema que —quedó demostrado— no conocen. Lo que ni ellos ni los dirigentes han dicho es que una cosa es la pequeña minería informal y otra la que financia la explotación a gran escala y el blanqueo del oro ilegal. No hablan del complejo y no regulado negocio de compra y venta del preciado metal ni de sus asolapados financistas.
Amenaza en Madre de Dios
El daño ecológico más devastador en Madre de Dios lo producen unas dragas hidráulicas colosales: unas máquinas —valorizadas en 500 mil dólares cada una— capaces de remover miles de toneladas de tierra al día en la ribera de los ríos.
Por eso, cuando se emitió el Decreto 010, que prohibía su uso, muchos saludaron la medida. Otros, en cambio, la rechazaron. Uno de los críticos más furibundos fue nada menos que el alcalde provincial de Tambopata, Luis Alberto Bocángel Ramírez. Sus intereses fueron y son evidentes: el funcionario es propietario de una draga de matrícula PM-30375-AF; y su hermano Samuel, de otra con matrícula PM-28256-AF.
Este último, además, es el presidente de la Asociación de Propietarios de Dragas de Madre de Dios. Las coincidencias no existen en esa región de la selva.
Pero la obsesiva búsqueda de oro en Madre de Dios no es siempre una empresa familiar. Esta semana, el Gobierno denunció la existencia de intereses económicos importantes por parte de ciudadanos rusos y brasileños.
El Comercio conoció los nombres de las personas que estarían detrás de la explotación del oro y cuyas maquinarias no cuentan con autorización del sector: Sonia Bernardo dos Santos (representante de Importaciones & Exportaciones Perú Sur), Gilberto Nunes de Souza (Minera Servicios Generales), Oleg Lipin (Minera Servicios Suwit S.A.C.), Alexander Bottcher (Minera y Servicios Generales Elemento), entre otros.
Este Diario intentó comunicarse con el representante de la asociación de propietarios de dragas (los personajes mencionados pertenecen a ella), pero no hubo respuesta.
El círculo es perverso en Madre de Dios. Aquí se pueden extraer 31 gramos de oro por tonelada de tierra removida. Yanacocha obtiene un gramo. De ahí la necesidad de remover desesperadamente la tierra de sus bosques.
¿Cómo es en costa y sierra?
Los grandes capitales no solo financian la minería ilegal en la selva, también operan en la costa y en la sierra.
El ingeniero Guillermo Medina elaboró hace un par de años una investigación para el Instituto de Ingenieros de Minas en la que detallaba una situación que el propio Ministerio de Energía y Minas (Minem) reconoce: “Las plantas concentradoras, sobre todo en el sur medio, financian con explosivos y otros insumos a los mineros ilegales a cambio de comprometer parte de su producción, los informales no pueden comprar dinamita porque el costo en el contrabando es bastante alto”.
Sur medio quiere decir Chala y Nasca; y parte de su producción, relaves. Allí, donde miles de mineros pararon hace poco, llegan todos los días camiones con toneladas de relave minero que contiene todavía importantes cantidades de oro por refinar.
Son estas empresas mineras supuestamente formales —que solo tienen plantas concentradoras y que no necesitarían comprar explosivos— las que terminan financiando parte de la actividad ilegal.
Medina apunta: “Nadie controla estas plantas, la ley es muy laxa, hay empresas que figuran en la estadística de producción de oro, pero que no producen ni una tonelada, todo es acopio de relave o de terceros”. El mismo director general de minería del Minem, Víctor Vargas, admite esta situación: “Uno de los problemas de la minería ilegal lo constituyen los proveedores de insumos, mercurio y maquinarias. Esta es la cadena que queremos regular”.
Medina identificó en su estudio a ocho plantas concentradoras de minerales que funcionan entre Chala y Nasca: Planta de Beneficio Ishihuinca Inversiones Mineras del Sur, Calpa I, Doble D Minera Colibrí, Chacchuille Cía., Minera Caravelí, Planta De Calminsa Cal Minera, Laytaruma e Inka Complejo Minero Industrial.
Además de las plantas que procesan relaves, están las empresas formales que funcionan como acopiadoras de oro: Laytaruma, Dynacor, Oro Fino Asociados, Trece Barras y otras.
Hasta estos locales es traído el oro que el agente regional (“trader”) ha recogido de los agentes zonales y estos a su vez de los mineros. El agente regional tiene siempre un respaldo económico. Por ejemplo, para un kilo de oro deberá tener unos US$50 mil. “Y ese dinero alguien tiene que dárselo”, sostiene el ingeniero Medina.
Todos compran y venden
La explotación de oro de origen ilegal sería insostenible sin intermediarios y compradores. Desde 1991 la comercialización del metal dorado es libre: cualquiera lo puede comprar y vender.
Sin embargo, la ley general de minería obliga a compradores y exportadores a solicitar un certificado que garantice la procedencia legal del metal, pero no lo hacen. Y nadie fiscaliza. Así es como alrededor de 26 toneladas de oro provenientes de la minería ilegal ingresan al mercado formal anualmente y terminan siendo exportadas.
Según la Comunidad Andina (CAN), el Perú es el único de los países andinos que tiene exportaciones de oro bajo la denominación de comercio no registrado y calificado como “exportaciones oro lavadero”, cuyo origen se asocia a la minería ilegal.
Vargas reconoce que hay empresas formales que compran oro ilegal: “Se mencionan varios nombres, pero estamos juntando documentos probatorios”.
El dato
El Ministerio de Energía y Minas alista una norma que regulará la comercialización de oro. Se elaborará un padrón de vendedores, compradores y acopiadores. Todos ellos llevarán un padrón de compra.
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