La investigadora del Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la Universidad Católica, María Méndez, pide, en artículo en el diario Expreso que reproducimos a continuación, que cese la tolerancia social y política hacia quienes están vinculados al narcotráfico y en ese sentido reclama al Congreso no apañar a la congresista Nancy Obregón porque hacerlo legitimaría su conducta incompatible con la democracia y el futuro del Perú.
Expreso. La percepción de que la cadena de la droga es la mayor amenaza a la seguridad, a la democracia y al desarrollo del Perú es aún incipiente. Existe una relativa tolerancia social y política hacia quienes están vinculados a alguno de los eslabones de esa cadena criminal.
Para la mayoría de peruanos no resulta muy claro aún que el narcotráfico tiene la capacidad de destruir al país, de derribar sus fundamentos económicos, institucionales y éticos, y de generar una monstruosa espiral de violencia que impida el desarrollo.
México nos muestra el derrotero que el Perú podría seguir de no frenarse el avance narco en la sociedad y en la política peruana.
El Congreso es la institución central de la democracia. En él se congregan los representantes de los ciudadanos del Perú para legislar y fiscalizar, para debatir y ser ejemplo de civismo.
No es admisible que el Congreso tolere la vinculación de alguno de sus miembros con actividades delictivas. La posición del Congreso contra la industria criminal de la droga debe ser clara, inequívoca e inobjetable.
La congresista Nancy Obregón, elegida por el Partido Nacionalista con la plataforma política de la defensa del cultivo de coca (insumo principal del narcotráfico en el Perú), se ha visto envuelta en diversos escándalos vinculados con esta materia.
Un ex asesor suyo fue detenido con 140 kilos de cocaína, y ella misma impidió a la policía la destrucción de laboratorios rústicos de producción de pasta básica de cocaína.
Hoy se descubre que su pareja y padre de sus cinco hijos manejaba laboratorios de producción de PBC y acopiaba la coca producida por la madre y hermanas de la congresista.
El asunto es gravísimo y aquí no caben medias tintas. Con el pretexto de la defensa del campesino cocalero se nos ha vendido la idea de que la coca-narco debe ser protegida.
La evidencia indica que el 93% de la coca que se produce en el Perú va al narcotráfico para fabricar 300 toneladas anuales de cocaína. La industria narco ha construido una base social que lo respalda.
Los campesinos cocaleros, al defender el cultivo ilegal (y las pozas de maceración aledañas a las chacras de coca), se convierten en el bastión social y político de una actividad que socava la democracia y el estado de derecho.
La comisión investigadora que se ha formado para el caso Obregón no debe apañar a la congresista. Hacerlo sería legitimar una conducta incompatible con la democracia y el futuro del Perú.