El Comercio. Resulta preocupante y hasta sospechoso el secretismo con que el Poder Ejecutivo pretende manejar un tema de tanta importancia, como el anteproyecto del código de consumo. Ha trascendido que dicho documento sería aprobado esta semana —probablemente hoy— por el Consejo de Ministros, a espaldas de los expertos y la ciudadanía.
Esto cobra visos de escándalo cuando se sabe que uno de los asuntos más polémicos, como el de los alimentos transgénicos, se aborda vulnerando el derecho a la información de los consumidores y violando las normas vigentes sobre etiquetado.
La población tiene derecho a saber qué consume, pero lo que se está intentando es dejar sin efecto la obligación de indicar claramente si los productos alimenticios contienen ingredientes transgénicos.
Así, un ama de casa no sabrá si el aceite con que prepara el alimento de su familia procede de soya natural o genéticamente modificada, o si el pollo de cada día ha sido engordado con maíz de laboratorios como Monsanto, entre otros, lo que viene ocurriendo a nuestras espaldas.
Tener acceso a tal información es vital, pero el Consejo de Ministros parece decidido a atropellar impunemente este derecho. ¿Qué intereses influyen para decidir contrariamente a los intereses de la población?
El anteproyecto señala como “razón” para no etiquetar que “no existe en el Perú un concepto claro de qué es un alimento transgénico, qué niveles de alteración genética existen y cuáles pueden ser potencialmente dañinos para la salud”.
Este argumento es confuso, pues si desconocemos eso es porque el Gobierno ha fallado en su obligación de investigar profundamente. Y lo que es peor, este argumento demuestra una clara irresponsabilidad pues ante la duda de “cuáles pueden ser dañinos para la salud”, debiera primar la vocación de protección al consumidor, justamente informándolo para que ejerza su derecho a decidir.
Es responsabilidad del presidente Alan García y de su Gabinete reconocer los aciertos y logros de otros países en el tema. En la Unión Europea la ley obliga a señalar en las etiquetas claramente si el producto contiene transgénicos, aun si es en cantidades mínimas. Muchas otras naciones, ante la falta de datos científicos que comprueben la seguridad e inocuidad de los transgénicos a largo plazo, han declarado moratorias de 5 a 10 años.
Hace dos años el ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova, negó que se estuviera investigando la presencia de cultivos ilegales de transgénicos en el país, pero el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) precisó lo contrario. Y en Barranca se encontró que 12 de 14 muestras de maíz amarillo eran transgénicas.
Todo señala ahora que las semillas habrían salido, inconsultamente, de una granja de pollos de la zona que las importa como alimento para sus aves. Los desencuentros entre los sectores Agricultura y Ambiente en torno a este tema que incide directamente en la salud de los peruanos y los ecosistemas han sido de público conocimiento.
El Congreso, donde el código se verá posteriormente, debe permanecer alerta y evaluar concienzudamente lo que le alcance el Ejecutivo.
En un momento en que el tema de los alimentos naturales y orgánicos hace que la mirada de los importadores, inversionistas, consumidores y gastrónomos del mundo se vuelque hacia los productos naturales peruanos —y cuando se sabe que la tendencia, a corto plazo, de la cocina internacional es el factor salud—, el Ejecutivo nada a contracorriente, le da la espalda a la población y la historia, e intenta borrar, de un plumazo, la gran ventaja comparativa del Perú en el campo agrícola.
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