El presidente del Foro Ecológico, Sandro Chávez, señaló que se debe procurar que la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre sea un documento bien consensuado que llegue en las mejores condiciones al Congreso para ser aprobado.
“Que eso ocurra está en manos del Ejecutivo, la sociedad civil ha participado con sus aportes. Sin embargo, si esos consensos no se reflejan en la nueva ley, los problemas vendrían otra vez y nadie quiere conflictos, menos si son parecidos a los de Bagua”, advirtió.
El especialista sostuvo que debe ser revisada minuciosamente la segunda versión de la propuesta de ley presentada por la Secretaría Técnica.
“Esta segunda versión ha sido presentada al Comité Interministerial, donde está el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Osinfor y la Defensoría del Pueblo. Ahí le han dado la ratificación y han hecho suya esta versión, la cual debe ser revisada al detalle”, expresó.
Autoridad Autónoma Forestal
En otro momento, reiteró que la Autoridad Autónoma Forestal, organismo que se encargaría de los bosques de producción, debe estar adscrita al Ministerio del Ambiente, porque esta institución tiene una visión ecosistémica de lo que tiene a su cargo.
“Los bosques no son sólo madera sino también servicios ambientales que tienen que ver con el oxígeno y el agua, eso lo ve el Ministerio del Ambiente, al igual que los proyectos para la reducción de gases de efecto invernadero. Además, se sabe que el tema forestal no es una prioridad para el Ministerio de Agricultura”, señaló.
El titular del Foro Ecológico lamentó que en la propuesta de nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, el Ejecutivo insista con mantener la posibilidad del cambio de uso del suelo por interés nacional, algo que fue cuestionado y que generó muchos problemas en la Ley 1090.
Explicó que otro de los cuestionamientos tiene que ver con quién decide si los aportes de las diferentes organizaciones son recogidos e incluidos en la nueva propuesta de ley.
“Se han realizado más de diez reuniones a nivel nacional, existen más de 200 documentos de aportes de organismos especializados en el tema. Sin embargo, quien decide qué se pone son unas cuantas personas”, agregó.
Por ello, dijo esperar que las próximas plataformas que se desarrollen sean muy participativas y cuenten con la presencia de las organizaciones indígenas y los gobiernos regionales. “Los consensos a los que se lleguen deben ser respetados por el gobierno y el Congreso”, subrayó.
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