El Comercio. Uno de los mayores fracasos del actual gobierno aprista va a ser, sin ninguna duda, el manejo de la seguridad interna, especialmente en el campo del combate al narcotráfico.
De acuerdo con los últimos informes y alertas de las oficinas especializadas de las Naciones Unidas (JIFE, Onnud), los cultivos de coca se han expandido no solamente en el Huallaga y en el valle de los ríos Apurímac y Ene, VRAE, sino también en nuevas áreas, especialmente en la frontera con Colombia, Brasil y Bolivia.
Las acciones de control de estos cultivos se han focalizado solo en el Alto Huallaga y se realiza solamente gracias a la cooperación internacional. Nunca se erradicó en el Monzón (Huánuco), en Sandia (Puno), en Putumayo (Loreto) y mucho menos en el VRAE.
Con los cultivos ilegales desbocándose, en el 2009 la producción potencial de cocaína fue de 320 TM, de las cuales la policía decomisó menos de 15 TM. Asimismo, de las 35.000 TM de insumos químicos que utiliza el narcotráfico anualmente se incautó apenas 479 TM, menos del 2%.
Estos resultados son absolutamente insignificantes frente a la magnitud del problema. El director general de la policía, que continúa manejando en la práctica a la Dirección Antidrogas, debería preocuparse en mejorar estas cifras de espanto, más aun si aspira a ser el próximo ministro del Interior, como se comenta dentro de la institución policial.
En el mismo período, Colombia produjo 420 TM de cocaína, sin embargo, sus autoridades incautaron un poco más de 200 TM. Si comparamos estos resultados, la conclusión es que desde el 2009 el Perú se habría convertido en el primer exportador de cocaína en el mundo.
Con respecto a los llamados “barones de la droga”, la policía no capturó a ningún “pez gordo”, tampoco desarticuló a alguna organización vinculada a los cárteles internacionales que operan en las cuencas cocaleras.
Otra de las características del actual negocio de las drogas es que utilizan principalmente los puertos para sacar la cocaína y —¡qué casualidad!— la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú pasa por la peor crisis de su historia. No tienen presupuesto ni para realizar patrullajes. O sea, los puertos de Paita, Ilo y Chimbote, por donde se embarca el 80% de la cocaína, están sin mayor control y vigilancia.
La señal inequívoca de que el narcotráfico está avanzando en el país es la presencia, cada vez más desafiante, de los sicarios. Estos asesinos a sueldo hacían de las suyas principalmente en las zonas de producción o de tránsito de la cocaína. Ahora, con mayor sofisticación, pero con la misma impunidad que actúan en el VRAE o en el Huallaga, están matando personas utilizando métodos de la mafia colombiana en los distritos más exclusivos de Lima.
Mientras esto ocurre en el Perú real, los líderes políticos y candidatos a las próximas elecciones se muestran miopes frente a esta terrible amenaza. Increíblemente continúan reticentes a firmar un simbólico pacto ético contra el narcotráfico. Probablemente consideren que no reviste mayor peligro para el país volver a ser el primer productor de coca ilegal, total si podemos convertirlo en ensaladas, como propuso el presidente Alan García al comienzo de su actual mandato.
¿No les llama la atención que en México la narcoviolencia ocasionó 16 mil muertos en un solo año o que en Guatemala acaba de ser detenido el director general de la policía por cargos de narcotráfico? El Gobierno y la llamada clase política están jugando con fuego.