La revista Caretas publica en su edición de hoy un informe del periodista Américo Zambrano titulado «Coca en Comarsa», texto en el que se describe de manera amplia la complicada situación de la familia Sánchez Paredes, investigada por lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas. Como se recuerda, recientemente, el fiscal Jorge Chávez Cotrina recibió en su despacho el voluminoso atestado policial de la megainvestigación. INFOREGIÓN reproduce a continuación el informe.
Narcotráfico :::: En 1995, Wilmer Sánchez Paredesfue el tercer miembro del clan trujillano en caer con coca en las cercanías del campamento minero.
Coca en Comarsa
La tarde del viernes último, el fiscal Jorge Chávez Cotrina recibió en su despacho del jirón Carabaya, en el centro de Lima, el voluminoso atestado policial de la megainvestigación a la familia Sánchez Paredes por lavado de dinero.
El expediente, de más de un millón de folios, partió de la sede de la Dirección Antidrogas (Dirandro), en San Isidro, en un camión custodiado por 18 policías fuertemente apertrechados con fusiles AKM y chalecos antibalas.
El camión tardó más de la cuenta en llegar debido a que, en el trayecto, chocó contra un árbol. El fiscal Chávez tiene ahora la ardua tarea de estudiar el voluminoso atestado policial antes de formular denuncia penal. El trabajo es complejo: se trata de la mayor investigación de un caso de lavado de dinero en la historia peruana.
El atestado No 02-02-2010 señala a los hermanos Santos Orlando (65), Segundo Manuel (67) y Fortunato Wilmer Sánchez Paredes (60) como presuntos autores del delito de lavado de activos producto del Tráfico Ilícito de Drogas (TID). Junto a ellos, también como presuntos responsables, aparecen Fidel (39) y Miguel Sánchez Alayo (39), hijos de Manuel Sánchez, así como Blanca Sánchez Príncipe (48), hija del asesinado Perciles Sánchez, y Belisario Esteves Ostolaza (67), ex ministro del primer gobierno aprista y gerente de algunas de las empresas de Orlando Sánchez. Como se ve, la lista inicial de 66 sospechosos fue reducida a seis acusados.
El periodo investigado va de 1991 –año en el que se promulgó la ley de lavado de dinero producto del TID y que coincidió con el asesinato de Perciles Sánchez– al 2007. El crimen desencadenó una serie de movidas en el patrimonio familiar, tales como la constitución de la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa), un mes después de la muerte de Perciles, y posteriormente de la Compañía Minera San Simón, hoy rankeadas entre las top 5 de las empresas auríferas del país, según el BCP.
El Equipo Especial de Investigación (EEI) de la Dirandro pretende demostrar que el patrimonio edificado por la familia Sánchez Paredes en esos 16 años tuvo como origen el narcotráfico. Tres expedientes fueron claves para resolver el acertijo: ‘Rancho Luna’, que describe el asesinato de Segundo Sánchez Paredes y el descubrimiento de un laboratorio de cocaína en su finca de Pachuca, México, en 1987 (CARETAS 2002); así como el ‘Caso Miami’, que relata el decomiso de dos cargamentos de cocaína en Florida, entre 1987 y 1988 (CARETAS 2118).
El tercer expediente es el llamado ‘Caso Leona’ y narra la captura de Wilmer Sánchez Paredes, el hermano menor, con droga y armas de largo alcance en 1995, ocho años después de ‘Rancho Luna’. Según el Informe No 020-Dirandro-OI-UAE, el 22 de mayo de 1995, la Policía intervino la camioneta Pick Up Toyota, placa OO-9714, en la zona denominada Tablachaca, límite entre La Libertad y Ancash. En el vehículo viajaban ocho personas, entre ellas Wilmer Sánchez Paredes, quien se identificó como gerente de planta de Comarsa. Al inspeccionar la camioneta, los policías hallaron 80 kilos de PBC, así como una pistola ametralladora FNK-1; una pistola ametralladora tipo UZI; dos pistolas Beretta, calibre 9mm y una carabina marca Ruger, calibre 2.23.
Los detenidos fueron llevados a la comisaría de Pallasca. Sin embargo, al día siguiente, “el alférez Julio Velarde Vásquez, jefe de la comisaría de Pallasca, otorgó libertad a los intervenidos sin haber adoptado los procedimientos operativos de investigación policial, habiendo incluso hecho entrega de las armas incautadas (a los detenidos)”, según el Informe 020. Ni siquiera levantó un acta del decomiso de la droga.
El Comando Policial envió a la zona a un grupo de la Dirección Antidrogas de Lima, “toda vez que se tenía conocimiento que el detenido Wilmer Sánchez Paredes habría heredado la red de narcotráfico de su hermano Perciles Sánchez Paredes y que para ejercer dicha actividad ilícita estaría vinculado con elementos subversivos que vienen operando en la provincia de Pallasca y Santiago de Chuco”, según el citado informe.
El 25 de mayo, en presencia del fiscal Luis Castañeda Lozano, se intervino el campamento minero, en el distrito de Angasmarca, La Libertad. Wilmer Sánchez volvió a ser detenido y se le elaboró una “ficha de narcotraficante” con el alias de “El Jefe”.
Fue la primera intervención policial en Comarsa, empresa constituida por Orlando, Manuel y Wilmer en 1991. Los agentes fotografiaron múltiples ambientes del campamento de cinco hectáreas. El Informe 020 indica que el registro “resultó negativo para drogas, pero se pudo constatar a un costado del ingreso a dicho campamento, la existencia de un terreno llano, considerado como aeropuerto”.
El menor de los Sánchez Paredes fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Pallasca-Cabana, pero volvió a ganar la calle ese mismo día.
El ‘ampay’ a Wilmer Sánchez, como en los casos de ‘Rancho Luna’ (1987) y Miami (1987-1988) que involucran directamente a Segundo, Manuel y Orlando Sánchez Paredes, documenta el delito precedente de narcotráfico en la megainvestigación y demuestra que no eran simples rumores los que persiguieron por años a los familiares de Perciles. Es por eso que hoy, 15 años después de su fichaje en Pallasca, Wilmer vuelve a ser incluido –junto a dos de sus hermanos– en un atestado policial, aunque esta vez resultan escasas las posibilidades de volver a escapar.
El ‘megaexpediente’
El expediente es contundente: reúne 10 pericias policiales y 66 declaraciones testimoniales. También miles de documentos de los balances contables de las empresas investigadas, cuya lista se redujo de 123 a ocho compañías acusadas: Comarsa, San Simón, Santa Patricia S.A., San Simón Equipos, NAG San Simón, Ganadera San Simón, Inmobiliaria SUNI y SRML, Señor de los Milagros.
Entre los principales cargos consignados figuran: Orlando Sánchez Paredes “no ha sustentado la procedencia lícita de las ganancias ascendentes a US$ 12 millones, presuntamente obtenidas en la actividad pesquera (periodo 1957-1990), según el informe contable No 07”. Del mismo modo, “está probado que Orlando Sánchez Paredes mantenía cuentas en el Atlantic Security Bank que sirvieron de garantías reales para préstamos Back to Back recibidos por Comarsa en los años 1993 y 1994 por US$ 1’718,000.00, monto que el investigado no acreditó que corresponda a una procedencia lícita”. En el caso de Manuel Sánchez Paredes, el atestado concluye que “no ha acreditado la procedencia lícita de sus ganancias ascendentes a US$ 11 millones, tal y como se detalla en el informe contable 09” (Américo Zambrano).
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