La Defensoría del Pueblo demandó la creación de una Autoridad Ambiental Autónoma que regule la coexistencia de las personas, la agricultura y las inversiones en minería y solucionar los conflictos generados en diversas comunidades por las operaciones mineras.
Según expresó el primer defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo, Samuel Abad, la ausencia de una Autoridad Ambiental “fuerte e independiente” crea desconfianza en la población y detalló que su institución ha presentado formalmente al Congreso un proyecto proponiendo la creación de una sola Autoridad Ambiental.
Abad aseguró que la creación de la Autoridad no significará mayor egreso para el Estado, debido a que se formaría con lo ya existente en los diversos sectores de los organismos del estado y más bien estimó que se lograría un ahorro pues garantizaría una adecuada inversión minera y contribuiría a legitimizar al Estado.