El Juzgado Penal de Tambopata condenó a tres personas con penas de cárcel de hasta cuatro años por participar en el tráfico ilegal de productos forestales, al tratar de transportar 7,924 pies tablares de madera sin contar con los documentos que acrediten su procedencia legal.
Según el expediente judicial, Santos Gonzáles Mamani, chofer del camión Mercedes Benz de placa WZ-3179, fue detenido por efectivos policiales cuando transportaba madera aserrada de las especies pumaquiro e ishpingo a pedido de Ricarda Blanco Paúcar, conocida como ‘La Mascota’.
El conductor del vehículo, que no poseía los documentos necesarios para transportar el mencionado cargamento, explicó a los agentes del orden que la madera procedía de la concesión de Aída Luz Solórzano Huanire.
Según el chofer, Solórzano Huanire habría autorizado la explotación de los recursos maderables de su predio a Romel Mantilla Chacmani, quien vendió el cargamento a Ricarda Blanco los 7,924 tablares de madera ishpingo y pumaquiro a un precio de 14,800 nuevos soles.
Comisión de delito ambiental
Los efectivos policiales decidieron verificar la versión del chofer del camión, pero al cumplir con la diligencia confirmaron que en la concesión de Solórzano Huanire no existía la especie forestal que él transportaba. Al verse descubiertos, los acusados decidieron acogerse a la terminación anticipada del proceso y cada uno reconoció su responsabilidad en los hechos.
La Fiscalía Provincial de Prevención del Delito y Materia Ambiental consideró que los tres acusados incurrieron en la comisión del delito ambiental, en la modalidad de tráfico ilegal de productos forestales.
Ricarda Blanco Paúcar fue sentenciada a cuatro años de pena privativa de libertad más el pago de 1,500 nuevos soles de reparación civil.
Santos Gutiérrez Mamani fue condenado a tres años de cárcel y el pago de 800 nuevos soles. Mientras que Romel Mantilla Chacmani fue condenado a dos años de pena, mil soles de reparación civil y además a 83 días de multa que equivalen a 380 nuevos soles que tendría que pagar como parte de la pena.
Los efectivos de la Policía Ecológica procedieron a la incautación definitiva de la madera aserrada. Mientras que la propietaria del predio, Aída Luz Solórzano aún es procesada por los delitos ambientales y contra la fe publica.