Ante el anuncio de diversas organizaciones indígenas de acatar un paro este 22 de febrero en varios puntos del país, la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, insistió en la necesidad de aprobar una ley que instaure el derecho a consulta de los pueblos nativos, como lo señala el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
“Una ley de esta naturaleza garantizará un escenario de diálogo institucionalizado, capaz de evitar que toda manifestación se torne en violencia”, indicó.
Como se recuerda, la Defensoría del Pueblo presentó meses atrás la denominada ley de derecho a la consulta de los pueblos indígenas, que planteaba la creación de mecanismos para que se cumpla este proceso, y que incluía la participación de tres actores: el Estado, las organizaciones indígenas y un ente técnico especializado.
Por su parte, Iván Lanegra, adjunto de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, precisó que un dictamen de esa ley se encuentra en la Comisión de Constitución del Congreso y otro en la Comisión de Pueblos Indígenas, Amazónicos y Afroperuanos.
Lanegra explicó que ese dictamen, al momento de entrar a debate, debe incluir los temas consensuados durante la tercera mesa del grupo nacional de coordinación, instancia que se formó poco después de los hechos de violencia registrados en Bagua el 5 de junio del 2009.
“La congresista Mercedes Cabanillas, presidenta de la Comisión de Constitución, se ofreció a darle prioridad al proyecto apenas se dé inicio a la nueva legislatura, en marzo próximo”, comentó Lanegra.
La paralización de protesta ha sido anunciada para el lunes 22 por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y otras organizaciones indígenas afines.
El proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo estipula que los procesos de consulta a las comunidades indígenas sirvan para las disposiciones de cualquier autoridad en los ámbitos regional o municipal.