Si antes de actuar no tenemos claro quienes somos, a qué nos dedicamos y dónde queremos llegar lo más seguro es que terminemos haciendo cosas sin sentido, cansados y caminando en círculos sin ningún destino. Esta enseñanza básica se imparte a los alumnos del primer ciclo de administración de empresas y trata de inculcarles la idea que “antes de hacer debemos pensar”.
Por desgracia para los ciudadanos, gran parte de los actuales responsables políticos y operativos de la seguridad -así como de quienes aspiran a serlo en las próximas elecciones- pasan por alto estas cuestiones básicas y, con las mejores intenciones, formulan propuestas o adoptan medidas que responden sólo a la coyuntura, sin dimensionar realmente la situación ni tener en cuenta las repercusiones que, a futuro, tendrán sus decisiones.
Si no estuviésemos hablando de un problema serio que afecta a la ciudadanía y al país en su conjunto el análisis y comentario de las propuestas o medidas a las que hago referencia resultaría un ejercicio entretenido –digno de un guión de programa de humor- por su incoherencia y hasta contradicción.
Medidas incoherentes
Agravamiento de penas –incluyendo la pena de muerte- y reducción de la edad penal al mismo tiempo que oposición a la inversión en infraestructura penitenciaria ¿y el hacinamiento; y la nula rehabilitación que convierte las cárceles en “escuelas del delito”?
Creación de nuevas dependencias policiales para combatir el delito –unidades de investigación policial independientes de las jefaturas distritales donde se ubican, construcción civil, recojo de personas que retiran dinero de los bancos y traslado a sus domicilios, extorsiones a transportistas y comerciantes, patrullaje en parapente, etc.- junto a quejas por la falta de personal y bajos sueldos ¿cada vez que aparezca una nueva modalidad delictiva o haya gran presión de la opinión pública crearemos nuevas unidades policiales?
La fiscalía implementa laboratorios de investigación criminal y poco a poco va asumiendo funciones policiales en tanto que la dirección de criminalística de la policía languidece por falta de profesionales idóneos y equipos modernos, todo ello en un país con recursos limitados. Los planes nacionales de seguridad se hacen en escritorios en Lima, sin tener en cuenta la realidad de las regiones, provincias y distritos del interior del país.
Autoridades y líderes de opinión expresan opiniones descabelladas en cuanto a la organización del sistema de seguridad. Que la policía dependa del ministerio de defensa ¿militarizar la función policial?; que se municipalice a la policía ¿consagramos la inequidad en la prestación de un servicio público favoreciendo a las comunas que más recaudan y desfavoreciendo a las más pobres?; que defensa civil dependa del comando conjunto de la fuerza armada ¿si algo no funciona debemos militarizarlo?
No es posible que día tras día tengamos que ser testigos de asesinatos, extorsiones, secuestros, asaltos, robos, micro comercio de drogas. Hasta delitos que pensábamos ya erradicados como los asaltos a bancos reaparecen. No podemos resignarnos a considerar normal convivir con la violencia o el miedo, una sociedad que llega a esos extremos es una sociedad enferma.
Es necesario tratar de comprender el fenómeno de la seguridad de una forma integral, coherente y con visión de largo plazo, para no volver a caer en los errores que hemos cometido hasta ahora.
Hagamos el ejercicio no de inventar un concepto de seguridad, sino sólo de interpretar lo dispuesto en nuestra ley de seguridad ciudadana (Ley Nº 27933 artículo 2º) “….. acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas.”
Ideas centrales
De esa definición se desprenden algunas ideas centrales a tener en cuenta: la seguridad es tarea de todos, se busca fomentar una cultura de paz y convivencia armónica, garantizar la tranquilidad y libertades de los ciudadanos y finalmente se pone énfasis en la prevención como estrategia, sin descuidar la persecución y sanción penal de los infractores incluyendo su rehabilitación y reinserción social.
Es integral y en ella intervienen varias instituciones que deben trabajar armónica, coordinada y complementariamente: policía, municipios, serenazgos, seguridad privada, bomberos, defensa civil, poder judicial, fiscalía, sistema penitenciario, educación, salud, transportes, desarrollo social, sociedad civil, empresa privada, iglesias y vecinos organizados.
Ahora que sabemos qué es la seguridad y quiénes son los principales actores sólo nos queda formular un adecuado diagnóstico y levantar la información que nos permita, en base a nuestras fortalezas y posibilidades, definir nuestros objetivos, estrategias y planes de acción.
Descrita de esta forma parece una tarea sencilla que incomprensiblemente no se ha hecho hasta hoy. Para llevarla a la práctica debemos tener una visión amplia –no sesgada- y es necesario que exista voluntad política del más alto nivel.
Un paso inicial sería alcanzar un gran “Acuerdo Nacional por la Seguridad y Justicia”, reestructurar el Ministerio del Interior integrando en él a bomberos, defensa civil y sistema nacional penitenciario. De otro lado, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana debería ser presidido por el Presidente de la República para darle la relevancia y dimensión que el tema requiere, además de garantizar la coordinación interinstitucional y finalmente se debe reformular el plan nacional de seguridad ciudadana enriqueciendo el diagnóstico y recogiendo las particularidades de las regiones, provincias y distritos.