El representante de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA, Mariano Castro, sostuvo que es muy importante la decisión gubernamental de transferir del OSINERGMIN al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental de la mediana y gran minería, de hidrocarburos en general y de electricidad.
“Es una buena decisión, primero porque el cumplimiento efectivo de la legislación y compromisos ambientales es uno de los aspectos más débiles de la institucionalidad ambiental peruana. De esta situación no se excusan, pese a los avances efectuados, ni los sectores más modernos e importantes de la economía peruana como el minero y el energético”, expresó.
Señaló que el OEFA debe ser fortalecido y que su rol no debe ser percibido únicamente como circunscrito al ya de por sí importante de “Policía Ambiental”, sino sobre todo como la entidad que deberá contribuir a la retroalimentación multisectorial de la política ambiental.
“El OEFA no podrá reemplazar a los ministerios, gobiernos regionales y locales en sus funciones que les corresponda de fiscalización, supervisión, control y sanción ambiental. Pero sí el OEFA deberá desarrollar acciones para asegurar un funcionamiento cohesionado y eficaz de todo el sistema de fiscalización”, subrayó.
Recordó además que hasta la fecha ninguna autoridad sectorial, regional o municipal, puede exhibir logros relevantes en materia de fiscalización ambiental.
“Esto es comprobable tanto en el seguimiento del cumplimiento de los compromisos establecidos en los EIA o PAMA, como también en la fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales exigibles cuando cualquiera persona o empresa realiza actividades riesgosas, contaminantes o, también, que usa indebidamente los recursos naturales”, argumentó.
En otro momento, Castro afirmó que al aprobarse la transferencia de funciones ambientales del OSINERGMIN al OEFA, “debemos preguntarnos si efectivamente este es el inicio de un proceso más ordenado y multisectorial destinado a que el país pueda confiar en su institucionalidad ambiental”.
Indicó que, desde hace años, se plantea la necesidad de contar con un sistema de evaluación y fiscalización ambiental que nos permita conocer y medir el desempeño ambiental del país.
“Este sistema nos ayudará a todos los peruanos, no sólo a las autoridades, a retroalimentar las políticas ambientales y a priorizar la asignación de los recursos”, agregó.