El ex secretario de la Comisión de Modernización Policial, coronel Juan Briceño Pomar, publicó en el blog “Seguridad Ciudadana en las Américas” la segunda parte del artículo «Perú, conceptos básicos sobre seguridad», en el que presenta su posición sobre una serie de conceptos básicos indispensables para analizar detalladamente y afrontar con posibilidades de éxito la inseguridad que vive la sociedad.
INFOREGIÓN reproduce el texto a continuación:
Perú, conceptos básicos sobre seguridad 2
Finalizando con la definición de conceptos básicos sobre seguridad, voy a referirme a:
6. No hay servicio de seguridad únicoExisten tres usuarios de los servicios de seguridad:
– El Estado, que demanda protección ante los delitos que afectan su seguridad (terrorismo, tráfico ilícito de drogas, trata de personas, contrabando, tala ilegal, etc.) y ante situaciones que alteran el orden interno;
– La comunidad, que requiere se le garantice el libre tránsito y el ejercicio de sus derechos; y
– Los ciudadanos, que demandan la protección de sus vidas y sus bienes, así como información, auxilio y apoyo.
Ser conscientes que existen tres tipos de “clientes” con demandas variadas, implica planificar y aplicar estrategias diferenciadas y gestionar los recursos desde esta perspectiva.
Ninguno es más importante que el otro ni tiene atención preferente. Tradicionalmente se ha dado prioridad a la atención de los requerimientos del Estado y en parte a los de la comunidad, descuidando las demandas de los ciudadanos.
7. La inseguridad tiene impacto en el desarrollo humano, social y económico del país
Las localidades afectadas por mayores índices de inseguridad tienen, por lo general, los índices más negativos de desarrollo humano.
Una típica reacción de las poblaciones afectadas por graves situaciones de inseguridad consiste en estigmatizar al diferente y desconfiar del extraño. Son dignos de resaltar casos en que se ha capturado –e incluso presentado ante la prensa- a personas acusadas de cometer delitos por el simple hecho de no pertenecer a la clase social de los habitantes del barrio por el que circulaban.
Se calcula que el costo de la violencia en América Latina alcanza el 14,2% del PBI. El impacto económico se refleja en:
* Desvío de recursos escasos para atender los problemas de seguridad.
* Se reducen las inversiones ante el creciente riesgo.
* Las empresas incurren en mayores gastos lo cual incrementa el costo de los bienes y/o servicios que ofrecen, afectando su competitividad y reduciendo sus oportunidades de negocio.
8. No hay una “receta” para solucionar la inseguridad: cada localidad es única en sus problemas y potencialidades, por lo tanto las alternativas que se apliquen deben tener en cuenta estas diferencias
Que no nos engañen. No existe una “receta” para solucionar los problemas de inseguridad. No se puede copiar y aplicar medidas por el simple hecho que han dado buenos resultados en otros lugares. Cada localidad tiene sus particularidades y estas deben tenerse en cuenta. No hacerlo es una de las causas por las que fracasan las medidas que se implantan.
Se deben estudiar y conocer los problemas, potencialidades y recursos de las zonas donde vamos a intervenir.
Las entidades que brindan servicios de seguridad tienen que organizarse de acuerdo a la problemática de cada localidad; es decir, deben gozar de la suficiente autonomía (superar el centralismo) para ser capaces de alcanzar buenos resultados.
Los planes de seguridad deben ser estructurados de “abajo hacia arriba”. El conjunto de planes distritales deben ser la base para formular los planes provinciales; el conjunto de estos para estructurar el plan regional y la suma de estos nos permitirá hacer el plan nacional. Hoy por hoy la mecánica empleada es la contraria, tiene un marcado acento “centralista”, no toma en cuenta las particularidades locales y sus resultados son negativos.
9. Si no hay voluntad y compromiso del más alto nivel político las probabilidades de afrontar con éxito el problema son casi nulas
A pesar que todas las encuestas colocan a la inseguridad como el primer o segundo problema más grave de nuestra sociedad, los altos niveles de gobierno, en la práctica, no le dan la prioridad e importancia que señalan en sus declaraciones públicas.
La inseguridad tiene que dar el gran salto y pasar de ser una política de gobierno a una política de estado que garantice la continuidad y coherencia de las acciones que se emprendan sin que deba ser desechada y “reinventada” cada vez que hay un cambio de gobierno.
Implica desplegar una capacidad de convocatoria que coordine y aúne los esfuerzos y recursos de sectores públicos y privados, de otros poderes del estado, de la cooperación internacional y de la ciudadanía para abordar de manera integral el problema.
Finalmente debemos señalar que los cambios deben realizarse en todas las instituciones que forman el sistema de seguridad de lo contrario no se alcanzarán óptimos resultados. Si bien es cierto que la policía juega un rol fundamental, de nada vale contar con una institución policial eficiente si la fiscalía, el poder judicial o el sistema penitenciario no actúan con la misma eficiencia.