El Ejecutivo prorrogó por 60 días, a partir del 9 de enero, el estado de emergencia en algunos distritos y provincias de los departamentos de Huánuco, San Martín y Ucayali, a través de un decreto supremo publicado hoy en el diario El Peruano.
La norma incluye a los distritos de Cholón, en la provincia de Marañón, y Monzón, en la provincia de Huamalíes, así como la provincia de Leoncio Prado, circunscripciones ubicadas en el departamento de Huánuco.
También a las provincias de Tocache, del departamento de San Martín, y Padre Abad, en el departamento de Ucayali, al considerarse que aún subsisten las condiciones que determinaron la declaración del estado de emergencia en la zona.
Durante la prórroga del estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales referidos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, así como la libertad de reunión y de tránsito. El Ministerio del Interior mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
De otro lado, el Ejecutivo también prorrogó por 60 días, a partir del 10 de enero, el estado de emergencia en la zona del cerro Tamboraque, distrito de San Mateo de Huánchor, provincia limeña de Huarochirí.
Dicha medida se tomó debido al riesgo de deslizamientos de envergadura existente en la zona y que pueden arrastrar los relaves y la planta de beneficio de la Concentradora Tamboraque perteneciente a la Compañía Minera San Juan (Perú).
Los derrumbes podrían también afectar la carretera Central, las vías férreas que la atraviesan y el propio río Rímac.
La norma precisa que el gobierno regional de Lima, los municipios involucrados, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y los ministerios de Agricultura, del Ambiente, Energía y Minas, Salud, Transportes y Vivienda continuarán con la ejecución de las acciones destinadas a la reducción de riesgos y rehabilitación de las zonas que pudieran verse afectadas.
También el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y demás instituciones y organismos del Estado involucradas, así como las entidades privadas en cuanto les corresponda.