El doctor Carlos Romero, responsable del programa de Trata de Personas de la ONG Capital Humano y Social, invocó a la sociedad a denunciar la prostitución infantil, el abuso sexual de menores, y el trabajo forzado en niños ante las autoridades, y detener este tipo de delito que afecta principalmente a las personas de escasos recursos.
Según las estadísticas, cada vez es más creciente la explotación sexual de menores de edad a través de traslados entre provincias y también al extranjero. Romero dijo que los propios ciudadanos pueden colaborar en la lucha contra este delito, denunciando aquellos prostíbulos donde trabajen menores de edad, o informando a la Policía Nacional o al Fiscal cuando sepan que niñas de la región son llevadas a otros lugares para ser explotadas sexualmente.
Otro ejemplo de abuso infantil se refiere a aquellos niños que son utilizados por los narcotraficantes en los laboratorios para la elaboración de pasta básica de cocaína, previamente captados con engaños y obligados mediante amenaza a cometer el delito de participar en la producción de drogas.
El abogado recordó que en enero pasado se promulgó la Ley 28950, que regula de manera integral la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, no sólo en los aspectos de sanción, sino también en la asistencia y protección a víctimas, la prevención del delito, y de sus factores de riesgo.
“La trata de personas es la captación, transporte, acogida o recepción de un ser humano, ya sea dentro del territorio nacional o hacia el extranjero, usando medios de engaño, fraude, por la fuerza, o el abuso de poder, aprovechando de alguna vulnerabilidad y con el objetivo de explotar a la víctima”, señaló Romero. Esta explotación puede ser sexual, laboral mediante trabajos forzados o trabajo infantil, venta de niños, utilización de personas en labores de mendicidad, y en la extracción y tráfico de tejidos y órganos humanos.