La propuesta de plegarnos a los mecanismos de bonos de carbono podría abrirle al Perú un mercado sumamente interesante. Pero cada año, 261 mil hectáreas de nuestra selva amazónica son deforestadas. Entre las principales causas están el crecimiento agrícola descontrolado y la tala ilegal.
Amazonas tiene la peor tasa de deforestación del país: 35,500 hectáreas anuales en promedio, duplicando la de Ucayali y el triple que la de Madre de Dios. La reserva de biodiversidad de los países amazónicos no solo se está perdiendo. También se pierde dinero.
Después de Río 92 el mundo no había tenido un encuentro tan significativo en materia de desarrollo, tecnologías, economía y medio ambiente como el que termina esta semana en la COP15 de Copenhague.
La frase que también circuló en el Perú, “el clima cambia, cambia tú también”, es una realidad directamente relacionada con el futuro de los países andinos y amazónicos, aunque esta semana los acuerdos no colmen todas las expectativas.
Los sudamericanos creemos que este es un lío de los países ricos aunque América Latina aporte el 7.5 % de las emisiones globales de GEI (gases de efecto invernadero) y tenga el 8.6% de la población mundial. La Plataforma Climática Latinoamericana aclara que esta contribución suele pasar inadvertida, pues muchos análisis comparativos a nivel mundial se realizan considerando solamente las emisiones de CO2 (dióxido de carbono) del sector energía, dado que este gas y este sector dan cuenta del mayor volumen de emisiones en términos globales.
“La particularidad de América Latina es que la mayor proporción de emisiones no proviene del sector energía sino del conjunto Agricultura, Cambios en el Uso de la Tierra y Silvicultura (CUTS), y tan importantes como las emisiones de CO2 son las de CH4 (metano) y el N2O (óxido nitroso)”, señala el documento.
Con esto en mente y sabiendo que la deforestación producto de CUTS sería responsable del 20% de las emisiones globales (tanto como la generada por el dióxido de carbono de todos los vehículos, trenes, aviones y barcos del mundo), las delegaciones de Perú, Ecuador y Colombia, entre otras, vienen presionando para –sin descuidar su interés en lograr financiamiento de medidas para la adaptación– lograr que la COP15 instaure el sistema de pago por servicios ambientales, especialmente por mantener los bosques en pie, bien administrados y conservados.
Como la tendencia –con o sin acuerdo– es tumbar el bosque para generar recursos y financiar el día a día, los países andinos y amazónicos requieren de un acuerdo que les permita captar dinero para desarrollar las zonas boscosas, manteniendo sus ecosistemas funcionando, es decir, como sumideros de carbono y proveedores de agua y recursos genéticos.
La “deforestación evitada” (REDD) ya está reconocida como una posibilidad, pero la complejidad de instaurar un sistema de registro en cada país y que no constituya un incentivo perverso contra la diversidad biológica y los derechos de las poblaciones indígenas es grande.
Gerardo Honty, vocero de la Plataforma Climática, señala que la definición de “bosques” adoptada por la Convención no distingue entre bosques naturales y plantaciones. Al hacer una contabilidad nacional o subnacional de “bosques” puede suceder que se cumpla con las metas comprometidas perdiendo bosques y aumentando plantaciones. Si bien desde el punto de vista de la contabilidad del carbono pueden ser equivalentes, desde el punto de vista social y ecosistémico son radicalmente diferentes.
Los países andinos, vale decir Perú, Ecuador y Colombia, estarían dispuestos a aceptar ciertas responsabilidades de mitigación si a cambio se logra un acuerdo equilibrado que les permita más acceso a recursos financieros incrementales para adaptarse a la variabilidad climática y si se simplifica el Mecanismo de Desarrollo Limpio que ya creó un mercado de bonos de carbono.
Se trata de las Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMAs), que si bien son voluntarias, una vez adoptadas y registradas obligarían al país respectivo a actividades concretas resultantes del desarrollo de programas tecnológicos y de eficiencia energética, estrategias de energías renovables y planes de desarrollo de bajo carbono. Con un Alan García obnubilado por crecer a cualquier precio, las proyectadas hidroeléctricas con capital brasileño estarían fuera de este esquema, pues la contribución a los GEI de las mismas es significativa.
Vale la pena destacar cómo Perú y Ecuador han coincidido en Copenhage organizando la conferencia Las estrategias de Ecuador y Perú en materia de deforestación evitada- REDD, que se realizó en medio de debates multilaterales.
La idea fue presentar los avances de ambos países en la reducción de la deforestación y degradación de los bosques, con una maximización de los beneficios sociales y ambientales.
Las opciones para el Perú post COP15 son enormes, y todas ellas pasan por adoptar una política de Estado coherente en materia de desarrollo económico, energético, ambiental y sociocultural que no mida solamente el PBI (Producto Bruto Interno) anual ni crea el cuento de que podremos seguir creciendo indefinidamente a costa de nuestros ecosistemas y obligaciones ambientales internacionales. Se trata de aprovechar nuestros activos ecológicos y capacidades de gestión ambiental antes que el cambio de clima nos sorprenda con la guardia baja.
La Propuesta Peruana
El ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg, llevó a Copenhague una propuesta que implica desde impuestos internacionales al barril de petróleo hasta un mayor compromiso de los países en desarrollo. Pero sabe que el principal activo peruano es la selva.
“Si se aprueba el nuevo mecanismo de bonos de carbono” –el Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal en Países en Desarrollo (REDD)– “tenemos 66 millones de hectáreas de Amazonía con qué apostar”, dijo Brack. Somos el 4° país con mayor extensión de bosques tropicales y el 9º con mayor superficie boscosa. “La quema de bosques representa el 47% de nuestras emisiones de carbono, por lo que preservarlos es crucial”, añade el ministro.
Además, Brack le propuso al presidente Alan García y al ministro de Economía, Luis Carranza, establecer un programa Juntos de índole forestal, con una compensación de S/. 10 a las comunidades por hectárea protegida anualmente. “Suena a poco, pero los matsés del río Yavarí, por ejemplo, tienen 500,000 hectáreas, por lo que recibirían S/. 5 millones al año”, explica: “Con REDD sería el doble. Es dinero que nunca han recibido”.
Además, Brack reveló que hay 152 proyectos de bonos de carbono en el Fondo Nacional del Ambiente, “20 de los cuales ya están en ejecución”. Esto implicaría US$ 8 mil millones en inversión para los próximos años. “Podría casi equipararse a las inversiones mineras”, indica Brack.
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