El ministro de Justicia, Aurelio Pastor, reconoció que existe el peligro de que otros investigados por tráfico ilícito de drogas en el caso de los Sánchez Paredes puedan beneficiarse con la sentencia del Tribunal Constitucional, la cual establece que los fiscales sólo tienen cuatro meses como plazo máximo para investigar.
Consideró que la demora para encontrar pruebas e indicios razonables que demuestren la culpabilidad de los investigados en casos similares es responsabilidad del Ministerio Público y el Poder Judicial.
“Si están ante un caso importante, (el Poder Judicial y el Ministerio Público) deberían tomar las previsiones necesarias y actuar con celeridad a fin de no perjudicar a las personas investigadas”, precisó.
Sostuvo que respeta la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional cuyo beneficiario directo es el abogado aprista y directivo de Exploraciones Algamarca, José Humberto Abanto Verástegui.
“Las autoridades deben ser conscientes que se tienen que establecer plazos razonables para las investigaciones. Las deficiencias del Estado peruano no pueden trasladarse a una persona», arguyó.
En otro momento, dijo entender la preocupación de algunos sectores por las consecuencias que generaría la sentencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, afirmó que los derechos de los ciudadanos tienen que ser respetados porque no es posible que una persona sea procesada por tantos años.
“Cuando uno empieza un proceso es porque ya acopió las pruebas. No es posible que se demoren diez años para procesarte, se deben dar garantías para que los procesos se ejecuten en plazos razonables”, insistió.
Enfatizó en la necesidad de que el Poder Judicial y el Ministerio Público garanticen que habrá sanción a los culpables pero en un plazo prudencial. “Eso no sucederá el próximo año cuando se implemente en Lima y Callao el nuevo Código Procesal Penal, que establece que el plazo de investigación es de cuatro meses más 60 días», anotó.
José Humberto Abanto Verástegui es investigado por la Segunda Fiscalía del Crimen Organizado, en su condición de represente legal y director de Compañía de Exploraciones Algamarca, una de las empresas del clan de los Sánchez Paredes, sospechoso de lavar dinero procedente del tráfico ilícito de drogas.
Abanto Verástegui fue asesor de la bancada aprista en las Comisiones de Economía y Presupuesto del Congreso, cuando estos grupos de trabajo fueron presididos por Luis Alva Castro, a quien lo acompañó en el Ministerio del Interior. En la misma época, Carlos Mesía, hoy magistrado del Tribunal Constitucional, también laboraba en el Congreso.