El analista en temas antinarcóticos Rubén Vargas Céspedes denunció que muchos dirigentes comunales y algunos miembros de los comités de autodefensa en el valle del río Apurímac y Ene (VRAE), son cómplices del narcotráfico y utilizan las armas del Estado para atacar a la policía antidrogas.
En declaraciones a Radio Programas del Perú, dijo que las denuncias sobre supuestos abusos policiales, como la de Pichari, son una reacción a las interdicciones policiales que han destruido 69 laboratorios y más de 5 toneladas de insumos químicos de febrero a la fecha. “Se quiere sembrar dudas sobre la actuación de la DIRANDRO, desacreditar la actividad de destrucción de laboratorios de PBC, y presentarse como la parte débil del problema, cuando en realidad muchas comunidades están involucradas en el ilícito negocio de las drogas”, expresó Vargas Céspedes.
Recordó el operativo de febrero pasado en Manitea Alta, en Kimbiri, valle de la Convención en el Cusco, donde se intervino en varios laboratorios de PBC. La reacción de la población fue enfrentarse a la policía. Algunos miembros de los comités de autodefensa hicieron disparos con las armas que el Estado les entregó para defenderse de Sendero Luminoso.
La situación en el VRAE se vincula a una fuerte demanda de pasta básica de cocaína (PBC) y clorhidrato de cocaína ante la presencia de los carteles internacionales. En las zonas urbanas se notan personas con acento colombiano que estarían involucradas en el tráfico. Esta demanda de las drogas estaría empujando a varias comunidades a convertirse en cultivadores exclusivos de hoja de coca, no para el consumo tradicional sino para los laboratorios de PBC. San Cristóbal, en el distrito de Pichari, padece ese problema, lamentablemente está cayendo en la tentación del dinero fácil.