La Comisión de Fiscalización concluyó que existen indicios razonables de una sobrevaloración en la compra de los 469 patrulleros de la Policía Nacional, y encontró responsabilidad penal en la ex ministra Pilar Mazzetti por su falta de control en el proceso.
El informe final aprobado por unanimidad por dicho grupo de trabajo, concluye que hubo una concertación de precios entre Gildemeister y Anjotech, con un perjuicio para el Estado de cuatro millones de dólares. Según informó el presidente de dicho grupo de trabajo, Edgar Reymundo, la ex ministra habría cometido el delito de omisión de acto funcional, contemplado en el artículo 377 del Código Penal.
El legislador dijo que Mazzetti cometió actos «total y absolutamente negligentes, de contenido penal», por haber llevado un control deficiente en la compra de los vehículos.»Si hubiera actuado de otra forma, es obvio que otro hubiera sido el resultado», comentó.