Corrupción y burocracia aliadas del narcotráfico

El Comercio. Nuestro Diario ha alertado nuevamente sobre los riesgos que se ciernen sobre el Perú si el Gobierno no toma en serio la política antinarcóticos y, más puntualmente, el control de los insumos químicos que hoy permiten la producción de más de 300 toneladas de cocaína.

Los siguientes datos, tomados de la página web de Devida, demuestran que el avance de la lucha contra las drogas es mínimo: de las 56.100 hectáreas sembradas de coca que hay en el país (cálculo del 2008), solo se ha logrado erradicar 7.254,8 hectáreas (a octubre de este año); es decir, apenas un 12%. Igualmente, si se considera que para producir 302 toneladas de cocaína —según cifras oficiales— se necesitan unas 30 mil toneladas de insumos químicos, resulta preocupante que solo se hayan destruido 457.674 kilos; es decir, casi nada.

La lucha contra la droga, que debe abordarse desde una perspectiva global, está, pues, prácticamente congelada y, como señalan los expertos, dos son las causas principales de la inacción.

De un lado, pese a las normas que prohíben la comercialización, envasado, transporte, almacenamiento, distribución, posesión y todo tipo de uso y actividades con kerosene en el valle de los ríos Apurímac y Ene, VRAE, todavía esos productos siguen ingresando a la zona ante la vista y paciencia de las autoridades locales, regionales y la policía nacional.

La corrupción aliada con el narcotráfico hace posible que la producción de cocaína siga en aumento, mientras Colombia la está reduciendo a pasos agigantados.

Tal estado de cosas tiene su correlato, evidentemente, en la agobiante ausencia del Estado. De otra manera no se explica, como ha informado nuestro Diario, que los policías encargados de investigar tanto el tráfico de drogas como el de insumos químicos deban usar sus propios teléfonos celulares durante las pesquisas operativas.

Además, los miembros de las unidades de control de carreteras, de comisarías y de patrullaje motorizado no son capacitados para decomisar las mercaderías ni para reconocer la naturaleza, calidad y características de los insumos de la droga. Qué decir de la falta de equipos de alta tecnología para detectar las sustancias ilegales.

La otra falencia de la lucha antidrogas radica en la maraña burocrática que hasta la fecha impide la existencia de un registro único, base de datos o software de comercialización y producción de insumos, para de manera completa establecer quiénes tienen autorización para importar, exportar, comercializar, utilizar y transportar insumos químicos.

Sin duda, hay otros problemas que confluyen en este problema, como la reducción de la cooperación antidrogas internacional o la permisividad de las leyes para sancionar a quienes incurren en el tráfico de insumos químicos.

Pero el Gobierno debería empezar a controlar con energía el tráfico de los insumos químicos e incrementar las operaciones de interdicción orientadas a incautarlos y destruirlos.

Esa es la mejor opción para desincentivar la producción de la droga cuyo precio bajaría, como ha sucedido en la zona del Monzón, lamentablemente, con resultados aún bastante modestos si se los compara con los volúmenes de coca peruana que se consumen o salen del país.