(El Comercio) El presidente de Devida, Rómulo Pizarro, ha hecho un importante llamado a los partidos políticos para que suscriban el acuerdo ético que busca evitar la infiltración del narcotráfico en dichas organizaciones.
Nada más atendible y necesario en un país como el nuestro, que tiene el triste récord de ser el segundo productor mundial de cocaína y en el que las mafias del narcotráfico se han confabulado con los vesánicos grupos terroristas para complotar contra el Estado de derecho. Y lo hacen no solo para poder actuar con libertad e impunidad en algunas zonas de la selva, sino también para asegurarse la impunidad a través de la infiltración en las entidades públicas.
En el extremo, la infiltración del narcotráfico apuntaría a convertir al país en un narcoestado, lo que es un prospecto aberrante y exige del Gobierno y las instituciones democráticas un deslinde firme y severo.
En tal sentido, los partidos políticos, como instrumentos básicos del Estado de derecho, están obligados no solo a suscribir el pacto ético, sino también a implementar los instrumentos legales necesarios para desterrar esta perversa influencia en todos los ámbitos de la vida política nacional.
El narcotráfico, como lo sabemos y lo prueba la experiencia de otros países, es un elemento nefasto en todo sentido. Y no solo porque pervierte la personalidad y destruye la vida y el sentido de futuro de los consumidores adictos, sino también porque corrompe todo a su paso. En la etapa de producción afecta a los campesinos, a quienes ofrece altos precios por la hoja de coca y los convierte en cómplices. Luego, crea cadenas delictivas que llegan a convertirse en cárteles que compiten a sangre y fuego con todo lo que se opone a su criminal accionar.
Eso no es todo. Los cabecillas de las mafias del narcotráfico, al generar grandes cantidades de dinero que no pueden justificar, desvirtúan y falsean las cifras de la macroeconomía nacional. De allí que no solo se necesita promover las políticas de interdicción y de cultivos alternativos y romper la cadena de provisión de insumos químicos, sino también detectar los sospechosos movimientos económicos y financieros que evidencien lo que se llama lavado de activos.
Por todas estas razones, como se ha evidenciado más de una vez, los narcotraficantes buscan someter a las instituciones estatales a través de distintas maneras. Corromper autoridades e imponer candidatos políticos es una de ellas, pero hay otras más sutiles que tienen que ser detectadas y denunciadas por la prensa independiente y las autoridades fiscales, judiciales y policiales.
Los partidos, cuyo objetivo principal es llegar al poder, no pueden estar ajenos a este problema. De allí la pertinencia de firmar el tratado ético, que sería una positiva expresión de voluntad democrática y de compromiso con la lucha antinarcóticos.
Sin embargo, para ser coherentes, el paso siguiente tiene que ser reforzar las medidas legales para blindar a estas organizaciones de cualquier injerencia sucia del narcotráfico. Al respecto, debe reglamentarse mejor la ley de partidos políticos para obligarlos a rendir cuentas sobre sus fuentes de financiamiento, y castigar, incluso con la anulación de la inscripción, cualquier transgresión a la norma. La inteligencia financiera es vital.
El tema atañe a todos y debe ser abordado por los máximos representantes de los poderes públicos, para proponer iniciativas legales conducentes a poner coto al poder corruptor del narcotráfico que desafía el orden democrático y pretende oponerse a la voluntad mayoritaria de los votantes. El reto es garantizar la transparencia y limpieza del accionar político y del aparato estatal en la búsqueda del bienestar de los ciudadanos.